CONSIDERANDO:

• Que, los Incas en la época precolonial, no obstante el escaso desarrollo de las fuerzas productivas y la técnica rudimentaria que caracterizaba su régimen económico, aseguraron a su pueblo la satisfacción de sus necesidades, conservando las formas de apropiación y cultivo colectivo de la tierra, organizando una administración previsora y regulando la producción y el consumo.
• Que, la conquista y la colonización españolas, sin eliminar por completo las formas de producción del pasado indígena, dislocaron con violencia la economía agraria del incario y la transformaron en una economía predominantemente extractiva de minerales, determinando con ella la depauperación de la masa aborigen y la opresión del trabajador nativo, bajo el régimen forzado de la mita en el laboreo de las minas, - particularmente en Potosí -, y el yanaconazgo en la agricultura y los obrajes;
• Que, a pesar de la protección material y espiritual da las Leyes de Indias, la raza indígena, por la imposición de un sistema semi-feudal, con los repartimientos y encomiendas, fue injustamente despojada y sometida a servidumbre personal y gratuita, planteándose, por vez primera, el problema del indio y de la tierra, no como un problema racial o pedagógico, sino, esencialmente social y económico;
• Que, al despojo, la esclavitud y la servidumbre, se agregó un agobiador sistema tributario, de tal manera inhumano y degradante, que fue causa principal de las sangrientas sublevaciones de Tupac Amaru, Julián Apaza y los hermanos Katari, en su afán de reivindicar las tierras usurpadas y liberar a la población nativa de las crueles exacciones de encomenderos, recaudadores, corregidores y caciques;
• Que, en 1825, al proclamarse la República, los criollos feudales desvirtuaron las aspiraciones político-económicas que impulsaron la Guerra de la Independencia, y en lugar de destruir la herencia colonial, realizando una efectiva revolución nacional y democrática, consolidaron el proceso de concentración de la tierra a favor de algunos latifundistas, y mantuvieron la condición servil, el atraso cultural y la opresión política de la mayoría nacional, malogrando así las posibilidades de un desarrollo ulterior sobre bases económico-capitalistas;
• Que, finalmente, la penetración financiera del imperialismo, iniciada a partir de la última década del pasado siglo, tampoco modificó la estructura feudal-colonialista del sistema y la propiedad agraria y, por el contrario, la minería suspendió los intereses nacionales a los suyos propios, convirtiendo el país en una semi-colonia monoproductora de sustancias extractivas, en términos tales, que los ingentes recursos provenientes de ella, en lugar de promover la industrialización del campo, estrangularon, casi por completo la tradicional economía de autoabastecimiento agropecuario;
• Que, los poseedores feudales de la tierra, en estrecha alianza con el consorcio minero existente hasta el 31 de octubre de 1952, al constituirse en un freno para el desarrollo capitalista de la agricultura, al no superar los procedimientos primitivos de producción, aplicando medios técnico-agrarios modernos, al proscribir a la raza aborigen de la vida civilizada, y en fin, al complicarse directa o indirectamente con las masacres periódicas de obreros y campesinos, han demostrado su incapacidad para evolucionar de acuerdo a las necesidades históricas del país;
• Que, en razón del desigual desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, la constitución actual de una parte apreciable de la propiedad rural en Bolivia, establecida a base del despojo indígena, el fraude legal y la exacción por medios administrativos, es injusta, defectuosa, contradictoria e irracional;
• Que, los artículos 6° de la Ley de 13 de noviembre de 1886, 4° de la Ley de 26 de octubre de 1905, 3° de la Ley de 11 de septiembre de 1915 y 28° del Decreto Reglamentario de 20 de junio de 1907, disponen expresamente la nulidad de las adjudicaciones de tierras fiscales, que no hubieran cumplido con las condiciones de población y cultivo; Que, en ejecución de las mencionadas disposiciones legales, especialmente del Decreto Supremo de 28 de diciembre de 1938, todas esas tierras deben ser revertidas al dominio del Estado, para los fines de colonización, inmigración y otros de necesidad y utilidad públicas;
• Que, por imperio del artículo 17o de la Constitución Política del Estado, la propiedad para ser respetada debe cumplir una `función social`;
• Que, a su vez el artículo 107o de la misma Carta otorga el derecho de imponer a la propiedad las modalidades que el interés público dictare, así como el de planificar, regula y racionalizar su ejercicio;
• Que, por los sistemas arcaicos empleados en su explotación y las formas de servidumbre en el trabajo, la propiedad rural no ha cumplido su función social y se ha convertido, más bien, en un obstáculo para el progreso del país;
• Que la utilidad se halla determinada por la necesidad social de habilitar las tierras para el cultivo, concediéndolas a favor de quienes las trabajan;
• Que, de conformidad con los datos arrojados por el Censo de 1950, se comprueba que solo el 4.50%, aproximadamente, de la totalidad de los propietarios rurales existentes en el país, retienen el 70% de la propiedad agraria privada, con extensiones de 1.000 a 10.000 hectáreas, bajo formas de explotación semifeudal, demostrándose, así, hasta qué punto se concentró la tierra en pocas manos;
• Que, como consecuencia de esa injusta, desigual y defectuosa distribución de la tierra y de las formas primitivas de trabajo, se evidencian los bajos porcentajes de cultivo, con relación al área total poseída de acuerdo al siguiente detalle: Propiedades trabajadas por el propio operador 1.50% Propiedades trabajadas con ayuda de colonos, jornaleros, etc. 2.44% Propiedades arrendadas 2.66% Propiedades de comunidades indígenas 2.86%
• Que, en la tenencia y nueva estructuración de la tierra, se hace necesario respetar la propiedad pequeña, por constituir ésta un medio esencial de vida para el trabajador campesino; Que, asimismo, debe preservarse la propiedad mediana, cuya producción sirve de base para el abastecimiento de las ciudades y las minas;
• Que, como resultado de la desigual tenencia de la tierra y del defectuoso sistema de explotación que la caracteriza, Bolivia tiene escasa producción agropecuaria, aún para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento interno, a cuya atención el Estado destina aproximadamente un 35% de sus disponibilidades en divisas, que podría invertirlas en otras urgentes necesidades;
• Que, la misma distribución injusta e irracional de la propiedad agraria y la punible despreocupación de los gobiernos oligárquicos, que no protegieron al trabajador campesino, provocaron la despoblación del agro boliviano, cuya masa humana imposibilitada de conseguir en el campo medios adecuados de subsistencia, emigra constantemente, en busca de trabajos a los asientos mineros, a los centros urbanos y a países extranjeros, irrogando, con ello, daños incalculados al interés demográfico de la Nación y a la producción agrícola y ganadera;
• Que, tal situación no sólo es imputable a la insignificante economía campesina, en el conjunto de la economía del país, sino también a la incapacidad de tales gobiernos que, olvidando los altos interese nacionales y por no vulnerar los privilegio del gamonalismo latifundista, jamás legislaron un sistema racial de recatastración y tributación rurales;
• Que, el despojo de la propiedad indígena y el régimen de servidumbre sostenido a lo largo de la vida republicana, se ha traducido, igualmente, en el analfabetismo de un 80% de la población adulta de Bolivia, en la falta absoluta de educación técnica del productor campesino, y en el desprecio de las tradiciones artísticas, los valores del folklore nacional y las calidades étnicas del trabajador nativo;
• Que, por tal estado de servidumbre y consiguiente atraso e ignorancia, la población aborigen de Bolivia, albergada en viviendas antihigiénicas y miserables, privada de asistencia médica, desnutrida y menospreciada en el sentido espiritual y económico, registra pavorosas estadísticas de mortalidad, como lo han demostrado numerosas investigaciones nacionales y extranjeras;
• Que, la Revolución Nacional, en su programa agrario, se propone esencialmente, elevar los actuales niveles productivos del país, transformar el sistema feudal de tenencia y explotación de la tierra, imponiendo una justa redistribución entre los que la trabajan, e incorporar en la vida nacional a la población indígena, reivindicándola en su jerarquía económica y en su condición humana;
• Que, cumpliendo esos postulados, la Comisión de Reforma Agraria, creada por Decreto Nº 3301, e integrada con personas de diversos sectores de opinión y de diferentes esferas de especialidad técnica, ha formulado, al término de su tarea, las bases históricas, sociológicas, jurídicas, económicas y administrativas de la Reforma;
• Que, el Movimiento Nacionalista Revolucionario – expresión de las grandes mayorías de obreros, campesinos y clase media – cumpliendo su programa de realizaciones históricas, de justicia social y liberación económica y haciéndose eco de vigorosos pronunciamientos de Congresos y Federaciones Universitarias, de Partidos Políticos de izquierda y sectores progresistas del Catolicismo, sobre este magno problema, instituye el trabajo como fuente del Derecho, en los modos de adquirir la propiedad de la tierra;
• Que, de acuerdo con tales antecedentes, son objetivos fundamentales de la Reforma Agraria: a) Proporcionar tierra labrantía a los campesinos que no la poseen, o que la poseen muy escasa, siempre que la trabajen; expropiando, para ello, las de latifundistas que las detentan con exceso o disfrutan de una renta absoluta, no proveniente de su trabajo personal en el campo; b) Restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas y cooperar en la modernización de sus cultivos; respetando y aprovechando, en lo posible, sus tradiciones colectivistas. c) Liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, proscribiendo los servicios y obligaciones personales gratuitos; d) Estimular la mayor productividad y comercialización de la industria agropecuaria, facilitando la inversión de nuevos capitales, respetando a los agricultores pequeños y medianos, fomentando el cooperativismo agrario, prestando ayuda técnica y abriendo posibilidades de crédito; e) Conservar los recursos naturales del territorio, adoptando las medidas técnicas y científicas indispensables; f) Promover corrientes de migración interna de la población rural, ahora excesivamente concentrada en la zona interandina con objeto de obtener una racional distribución humana, afirmar la unidad nacional y vertebrar económicamente al oriente con el occidente del territorio boliviano;
• Que, la Reforma Agraria debe asegurarse mediante la aplicación de sistemas administrativos científicos, en materias de planeamiento, racionalización, organización, control superior y atribución precisa de facultades esenciales a los órganos encargados de su ejecución;
• Que, finalmente, el éxito de la Revolución Nacional, la liberación de las fuerzas de producción agrícola, la consolidación de la democracia, la unidad y la paz sociales, en el orden político y económico, dependiendo fundamentalmente de la plena realización de la Reforma Agraria; CON CARGO DE APROBACIÓN LEGISLATIVA,

DECRETA:

Título I
De la propiedad agraria

Capítulo I
Del derecho originario de la nacion

Artículo 1°.- El suelo, el subsuelo y las aguas del territorio de la República, pertenecen por derecho originario a la Nación Boliviana.

Artículo 2°.- El estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada cuando ésta cumple una función útil para la colectividad nacional; planifica, regula, racionaliza su ejercicio y tiende a la distribución equitativa de la tierra, para asegurar la libertad y el bienestar económico y cultural de la población boliviana.

Capítulo II
De las formas de la propiedad agraria

Artículo 3°.- Son de dominio público, además de los bienes reconocidos en tal calidad por las Leyes vigentes, los caminos, aunque hubiesen sido abiertos por los particulares, los lagos, lagunas, ríos y todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico.

Artículo 4°.- Pertenecen al dominio patrimonial del Estado las tierras baldías, las que reviertan por caducidad de concesión o por cualquier otro concepto, las tierras vacantes que se hallan fuera del radio urbano de las poblaciones, las tierras pertenecientes a los organismos y autarquías dependientes del Estado, las tierras forestales de carácter fiscal y todos los bienes reconocidos en el mismo carácter de las leyes vigentes.

Artículo 5°.- La propiedad agraria privada es la que se reconoce y concede en favor de las personas naturales o jurídicas para que ejerciten su derecho de acuerdo con las leyes civiles y en las condiciones del presente Decreto Ley. El Estado reconoce, solamente, las formas de propiedad agraria privada enumeradas en los artículos siguientes.

Artículo 6°.- El solar campesino tiene una función de residencia rural, siendo insuficiente para las necesidades de subsistencia de una familia.

Artículo 7°.- La Propiedad pequeña es la que se trabaja personalmente por el campesino y su familia de tal manera que su producción le permita satisfacer racionalmente sus necesidades. El trabajo personal del campesino no excluye el concurso de colaboradores eventuales para determinadas faenas.

Artículo 8°.- La propiedad mediana es la que teniendo una extensión mayor que la calificada como pequeña, y que, sin tener las características de empresa agrícola capitalista, se explote con el concurso de trabajadores asalariados o empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que el volumen principal de su producción se destine al mercado.

Artículo 9°.- La propiedad de comunidad indígena es la que reconoce como tal por las leyes en vigencia, a favor de determinados grupos sociales indígenas.

Artículo 10°.- La propiedad agraria cooperativa es:

1. La concedida a los agricultores que se asocian con este carácter para obtener la tierra, habilitarla para su explotación y se establece en ella;
2. Las tierras de pequeños y medianos propietario, aportadas para la constitución del capital social de la cooperativa;
3. Las tierra de los campesinos favorecidos con la adjudicación de los antiguos latifundios y que se organicen en una sociedad cooperativa para su explotación
4. Las tierras pertenecientes a las sociedades cooperativas agrícolas, por cualquier otro título no comprendido en los incisos anteriores.

Artículo 11°.- La empresa agrícola se caracteriza por la inversión de capital suplementario en gran escala, el régimen de trabajo asalariado y el empleo de medios técnicos modernos, excepción hecha de estos últimos en las regiones de topografía accidentada. La determinación circunstanciada de esos factores será objetos de reglamentación especial.

Artículo 12°.- El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran extensión, variable según su situación geográfica, que permanece inexplotada o es explotada deficientemente, por el sistema extensivo, con instrumentos y métodos anticuados que dan lugar al desperdicio de la fuerza humana o por la percepción de renta fundiaria mediante el arrendamiento, caracterizado, además, en cuanto al uso de la tierra en la zona interandina, por la concesión de parcelas, pegujales, sayañas, aparcerías, u otras modalidades equivalentes de tal manera que su rentabilidad a causa del desequilibrio entre los factores de la producción, depende fundamentalmente de la plusvalía que rinden los campesinos en su condición de siervos o colonos y de la cual se apropia el terrateniente en forma de renta - trabajo, determinando un régimen feudal, que se traduce en atraso agrícola y en bajo nivel de vida y de cultura de la población campesina.

Capítulo III
De la extension maxima de las propiedades agrarias

Artículo 13°.- La superficie máxima de la propiedad privada se determina teniendo en cuenta sólo las extensiones económicamente cultivables.

Artículo 14°.- Los terrenos descritos en los incisos d) y e) del artículo 100o, serán considerados anexos o agregados a las extensiones cultivables de una misma propiedad, cuando se encuentren enclavados entre esas extensiones, a fin de mantener la unidad del dominio de posesión. Esta anexión procederá a solicitud expresa del propietario, previa comprobación de la calidad inferior de los terrenos enclavados, sin perjuicio de le extensión cultivable.

Artículo 15°.- La extensión máxima de la propiedad pequeña, de acuerdo a la zona geográfica en que se encuentra es:

ZONA ALTIPLANO

ZONA DE VALLES

ZONA SUBTROPICAL

Artículo 16°.- La extensión máxima de la propiedad mediana, de acuerdo a la zona geográfica en que se encuentra es:

ZONA DEL ALTIPLANO

ZONA DE VALLES

ZONA SUB TROPICAL

ZONA SUB TROPICAL AGRÍCOLA

Artículo 17°.- La extensión máxima de la empresa agrícola será de: Zona influenciada por el lago, 400 hectáreas. Zona Andina, Altiplano y puna, 800 hectáreas. Valles abiertos que no sean adyacentes a la ciudad de Cochabamba, ni se hallen influenciados por el sistema de riego de La Angostura, 500 hectáreas. Valles cerrados; 80 hectáreas, en tierra cultivable del Valle, además 150 hectáreas en serranía. Zonas tropical y sub tropical de la región Oriental, 2.000 hectáreas. Su concesión o reconocimiento se condicionará a los siguientes requisitos:

1. Que existan tierra disponible y que no perjudiquen el asentamiento de nuevos agricultores.
2. Que se compruebe, previamente, el capital invertido o por invertirse en su explotación.

Artículo 18°.- El Servicio Nacional de Reforma Agraria determinará las zonas, sub-zonas y áreas donde puedan instalarse estas empresas.

Artículo 19°.- La extensión de la propiedad agraria cooperativa depende del número de los asociados. Será ilimitada si se halla integrada por minifundistas y pequeños productores, exclusivamente. En cooperativas mixtas que asocien a minifundistas, propietarios pequeños y medianos, el área total de la tierra que aporten, éstos últimos, no debe sobrepasar del 25% de la superficie total de la propiedad agraria de la cooperativa.

Artículo 20°.- Las cooperativas de propietarios medianos, no podrán exceder en su extensión el doble de la señalada para la gran empresa agrícola, en las diferentes zonas.

Capítulo IV
De las extensiones de la propiedad ganadera

Artículo 21°.- En la zona tropical y subtropical, a propiedad ganadera tendrá las siguientes extensiones:

1. Propiedad ganadera pequeña, 500 hectáreas.
2. Propiedad ganadera mediana, 2.500 hectáreas.
3. Gran empresa ganadera, hasta 50.000 hectáreas, siempre que tenga 10.000 cabezas de ganado mayor. Las delimitaciones para las empresas que tengan menor número de ganado, se harán a razón de 5 hectáreas por cabeza.

Artículo 22°.- Las empresas ganaderas actuales tienen el plazo de un año para transferir los excedentes de sus propiedades y ganado a personas particulares u otras empresas que no sean de carácter corporativo. Esta facultad, no excluye el derecho estatal a revertir todas las extensiones que no estuvieran pobladas de ganado. Tampoco excluye los derechos que los habitantes del lugar tienen a la dotación de tierras.

Artículo 23°.- Las alturas en las zonas inundadizas y los abrevaderos, son de uso común. Su utilización se reglamente por la ley.

Artículo 24°.- Las condiciones campesinas dotadas en los antiguos latifundios tendrán, necesariamente, campos comunes de pastoreo, éstos no comprenden a los poseídos por cada familia dentro de su asignación particular.

Artículo 25°.- Las diferentes formas de afectación de la propiedad ganadera serán aplicables exclusivamente, a la tierra y no al ganado que es de propiedad del dueño.

Artículo 26°.- En el altiplano y los valles, los pastizales naturales de las haciendas ganaderas o agrícola - ganaderas, se repartirán entre los trabajadores y el propietario, en forma proporcional al número de cabezas de ganado que posean, siempre que la extensión que corresponda al propietario no sea superior al triple de la mediana propiedad agraria, debiendo, las tres cuartas partes de ella ser tierra de pastoreo.

Artículo 27°.- Las instalaciones propias de la industria pecuaria, así como las áreas de pasto cultivado serán de propiedad privada de quien las realizó.

Artículo 28°.- La construcción de establecimientos ganaderos, la ampliación de los existentes y el cultivo de los pastos, en áreas no asignadas a otras personas, será autorizada por el Servicio Nacional de Reforma Agraria, bajo la condición de que estos trabajos se efectúen dentro del plazo de dos años, pena de reversión.

Título II
De la afectacion de la propiedad

Capítulo I
De la concentracion de tierras

Artículo 29°.- Este Decreto Ley sienta las bases para la realización de la democracia económica y política en el área rural, mediante la afectación y dotación de tierras que se establece en sus disposiciones.

Artículo 30°.- Queda extinguido el latifundio. No se permitirá la existencia de la gran propiedad agraria corporativa ni de otras formas de gran concentración de la tierra, en manos de personas particulares y de entidades que, por su estructura jurídica, impidan su distribución equitativa entre la población rural.

Artículo 31°.- El capital industrial aplicado en las áreas rurales como en los molinos, ingenios azucareros, frigoríficos y otras formas de producción elaborada, es beneficioso, cuando sin apropiarse de grandes extensiones de tierra coexiste con las propiedades medianas y pequeñas y les compra sus productos a precios justos. El gran capital que se adjudica considerables extensiones de tierra es perjudicial, porque, además de retener la fuente de riqueza, monopoliza el mercado, anulando al agricultor por medio de una competencia desigual.

Capítulo II
De la inafectabilidad de la mediana y pequeña propiedad

Artículo 32°.- La pequeña propiedad es inafectable en el límite establecido por el artículo 15o.

Artículo 33°.- La propiedad mediana es inafectable. Sin embargo, por vía de excepción, será afectable en las extensiones poseídas por los campesinos (sayañas, pegujales, etc.), que pasan a propiedad de los trabajadores sin perjuicio de la dotación de tierras en otras zonas, en la extensión mínima de la pequeña propiedad. Cuando éstas áreas que serán inenajenables, queden vacantes por el traslado de los trabajadores dotados de tierras, se consolidarán en favor del mediano propietario, hasta la extensión máxima de la mediana propiedad con la obligación de indemnizar las mejoras del trabajador.

Capítulo III
De la afectacion del latifundio

Artículo 34°.- La propiedad territorial definida como latifundio, conforme al artículo 12, queda afectada en toda su extensión.

Artículo 35°.- No se considera latifundio, para los efectos del artículo anterior, la propiedad en la que el propietario hubiera invertido capital en maquinarias y métodos modernos de cultivo y que se encuentra trabajada personalmente por él o por sus familiares inmediatos. En aquellas regiones en que la topografía de la tierra cultivable, impida el empleo de maquinarias se exigirá sólo el trabajo personal del propietario o de sus familiares inmediatos. Este tipo de propiedad, así como los que tengan las características del artículo 8o, queda reducidas a las dimensiones de la mediana propiedad, con todos los derechos y deberes inherentes al propietario mediano.

Capítulo IV
De la afectacion de la empresa agricola

Artículo 36°.- La empresa agrícola que, al promulgarse el presente Decreto Ley, conservará el régimen mixto de colonato y asalariado, será inafectable, previa comprobación de la inversión de una parte de capital suplementario, por lo menos del doble del capital fundiario y el empleo de técnicas modernas en su explotación.

Artículo 37°.- Los colonos de las empresas agrícolas con régimen de trabajo mixto, serán dotados de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Si la propiedad actual excede del límite fijado, la dotación será a razón de una unidad, con cultivo colectivo y nuevos asentamientos en el terreno sobrante, si lo hubiere.
2. Si no hubiera excedentes se afectará el terreno de la empresa hasta un 33% del límite fijado, reduciendo proporcionalmente las dotaciones que, en ningún caso, serán menores que las posesiones actuales.

Artículo 38°.- Las autoridades encargadas de la redistribución, determinarán la forma de reagrupamiento de las parcelas individuales, de manera que, tanto el propietario como los campesinos dotados, tendrán tierras sin solución de continuidad.

Capítulo V
De la afectacion de las propiedades de las zonas tropical y subtropical

Artículo 39°.- Las propiedades agrícolas de las zonas tropical y sub tropical, no serán afectadas en las extensiones determinadas para la propiedad mediana.

Artículo 40°.- En las propiedades cuya extensión sobrepase a 1.200 hectáreas, se segregará a título gratuito una superficie de 100 hectáreas, en parte adecuada, para el establecimiento de caseríos, cuyos pobladores deberán ser dotados de parcelas, en propiedad, no mayores a una hectárea por familia.

Artículo 41°.- El dueño de la propiedad afectada tiene el derecho de escoger las porciones que más le convengan para la constitución de su propiedad, debiendo darle la forma de un cuadrilátero, salvo que los límites arcifinios impidan esta delimitación regular. El eje mayor de las propiedades deberá orientarse en forma perpendicular a la dirección de los caminos del Estado, construidos o por construirse.

Capítulo VI
De la restitucion de las tierras

Artículo 42°.- Las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, desde el 1o de enero del año 1900, les serán restituidas cuando prueben su derecho, de acuerdo a reglamentación especial.

Artículo 43°.- La propiedad rural sobre la cual alegaren derecho de restitución una o más comunidades quedará afectada con carácter provisional, por el procedimiento de distribución de tierras establecido por el Título V, capítulo IV hasta que la demanda de restitución se defina por las autoridades respectivas.

Artículo 44°.- La dotación a los campesinos residentes se hará con carácter de preferencia, en el mismo lugar bajo las condiciones establecidas en el capítulo I del Título V. Provisoriamente se segregará para el poseedor una porción de tierra igual a la fijada para la propiedad mediana. Aquellos que, sin ser residentes en su lugar, prueben su condición de comunarios, serán dotados en las tierras incultivadas que no hayan sido objeto de adjudicación individual.

Artículo 45°.- Cuando el fallo declare probados los derechos de los comunarios, la extensión en litigio que había quedado provisionalmente en poder del hacendado, será restituida sin indemnización a la comunidad.

Artículo 46°.- Las tierras a las que se refiere el artículo anterior serán explotadas en forma colectiva por la comunidad, respetando las parcelas poseídas individualmente por los colonos o pegujaleros que pasan a ser propietarios de ellas.

Artículo 47°.- A los comunarios fallecidos sin dejar herederos les sucederá la comunidad. Las tierras objeto de esta sucesión, serán destinadas para la explotación colectiva o para el campo escolar, sus rentas serán administradas por la comunidad en beneficio exclusivamente local.

Artículo 48°.- Los comunarios con derecho a restitución, que residieren en otro lugar en el cual también fuesen dotados, no podrán acumular ambos derechos, deberán optar sólo por uno de ellos.

Artículo 49°.- Las comunidades tienen potestad por intermedio de sus personeros reconocidos para demandar la restitución de las tierras que les fueron usurpadas.

Capítulo VII
De las propiedades del estado y de las personas juridicas

Artículo 50°.- Las propiedades agrarias pertenecientes a los órganos del Estado, Universidades e instituciones autárquicas son inafectables, siempre que sean utilizadas para los fines que determinaron su adquisición. Los colonos de esas propiedades serán dotados de tierras en ellas.

Artículo 51°.- Las instituciones mencionadas en el artículo anterior, podrán adquirir extensiones que sobrepasen el límite máximo fijado para la propiedad rural, siempre que cumplan una función notoriamente útil para la colectividad.

Artículo 52°.- Las propiedades poseídas en lo proindiviso se considerarán a los efectos del presente Decreto Ley divididas en tantas propiedades como copropietarios sean.

Capítulo VIII
De las propiedades municipales

Artículo 53°.- Las propiedades de las municipalidades donde no existan establecimientos de servicio público serán afectadas en su totalidad, con derecho a la indemnización prevista para las propiedades particulares.

Capítulo IX
De las propiedades de instituciones religiosas

Artículo 54°.- Las instituciones religiosas de cualquier credo dueñas de fundos rústicos conservarán una mediana propiedad, sujeta a todas las obligaciones establecidas para este género de propiedades. Las religiosas de vida contemplativa quedan exentas de la obligación de atender personalmente su propiedad, pudiendo hacerlo mediante administradores. Estas propiedades no podrán ser arrendadas.

Artículo 55°.- Las concesiones de tierras baldías que obtuvieren las instituciones religiosas de misioneros, para fines de colonización podrán exceder los límites fijados para las propiedades de los particulares, solamente en los casos en que sean destinadas a la formación de propiedades pequeñas de acuerdo a los principios de la propiedad agraria cooperativa.

Capítulo X
De las propiedades de las instituciones de asistencia social

Artículo 56°.- Las instituciones de asistencia social, que sostienen escuelas, asilos y albergues y que se mantengan con la renta de propiedades agrícolas, podrán tener una extensión no mayor del triple de la asignada para la propiedad mediana, de la respectiva zona geográfica. Los colonos de estas propiedades serán dotados de tierras en ellas. No les está permitido mantener los sistemas feudales de explotación.

Capítulo XI
De las tierras de la comunidad indigena

Artículo 57°.- Las comunidades indígenas son propietarias privadas de las tierras que poseen en conjunto. Las asignaciones familiares hechas en las revisitas o las reconocidas por la costumbre dentro de cada comunidad, constituyen la propiedad privada familiar.

Artículo 58°.- Las propiedades de las comunidades indígenas son inalienables, salvo los casos que serán establecidos en reglamento especial. Tienen todos los derechos y las obligaciones señalados a las propiedades agrarias particulares y cooperativas.

Artículo 59°.- Los indígenas comunarios deben planificar, asesoría de los técnicos del Estado, el reagrupamiento de las parcelas, para el uso racional de la tierra.

Artículo 60°.- Los campesinos de la comunidad indígena no reconocen ninguna forma de obligación de servicios personales ni de contribuciones en especie. Las autoridades políticas, militares, municipales y eclesiásticas, que exijan tales contribuciones cometen delito de abuso de autoridad.

Artículo 61°.- Los campesinos que carecen de tierras y que sin ser comunarios viven en la comunidad indígena trabajando para los propietarios de aquellas, tienen derecho a la dotación de tierras en las partes incultivadas en una extensión que no sea mayor al tamaño promedio de las que actualmente posee una familia de la categoría de agregados.

Artículo 62°.- Los colonos de las fincas poseídas por comunidades y explotadas por sistemas feudales tienen los mismos derechos de dotación que los colonos de las propiedades particulares.

Título III
Tierras expropiadas sobrantes y revertidas

Capítulo I
De las zonas pobladas

Artículo 63°.- De acuerdo a la condición social y jurídica que se asigna a las tierras afectadas, se establecen las tres siguientes categorías:

1. Tierras expropiadas para adjudicación inmediata
2. Tierras sobrantes
3. Tierras expropiadas despobladas.

Artículo 64°.- Tierras expropiadas para adjudicación inmediata son las que, perteneciendo a un propietario mediano o latifundista se transfieren en forma directa en favor de los campesinos, sin perder en ningún momento su condición de propiedad privada, de manera que los que trabajan la tierra o habitan en ella se conviertan en dueños de pleno derecho.

Artículo 65°.- Son tierras sobrantes aquellas que formando parte de un latifundio transferido a los campesinos del lugar y hechas las asignaciones colectivas de las unidades de dotación, quedan en poder de la comunidad, con excedente destinado para futuras asignaciones a las nuevas familias o en favor de los campesinos de los lugares próximos, que tengan derecho preferencial. En los latifundios que se extiendan hasta zonas despobladas, el derecho de la comunidad a las tierras sobrantes sólo abarcará una superficie que equivalga al triple del total dotado en asignaciones individuales y colectivas. El resto se considerará tierras del Estado.

Artículo 66°.- Tierras expropiadas despobladas son las que, perteneciendo a un propietario, vuelven a la condición de dominio público, debido a la falta de pobladores con derecho a dotación en la respectiva zona. El Estado se encargará de la nueva concesión de las tierras revertidas en favor de las instituciones y personas particulares que las hagan producir, evitando la constitución del monopolio rural.

Capítulo II
De la reservacion de las tierras baldias

Artículo 67°.- Todas las concesiones y adjudicaciones de tierras baldías que no hubiesen cumplido con las finalidades de la ley de 26 de octubre de 1905 y con disposiciones posteriores tales como la colonización y explotación de las riquezas naturales renovables revertirán al dominio del Estado sin indemnización. Las concesiones y adjudicaciones de tierras baldías revertirán al dominio del Estado, aunque hubiesen cumplido con la Ley, en los lugares en que fueran indispensables para el establecimiento de poblaciones urbanas y rústicas, colonias, servicios de defensa y otros que interesan a la colectividad, mediante la indemnización correspondiente.

Artículo 68°.- En el caso de concesiones que hubieran cumplido las condiciones de cultivo y poblamiento, las extensiones de ellas se limitarán al máximum autorizado para cada tipo de propiedad en las diferentes zonas y sub-zonas.

Artículo 69°.- Las tierras revertidas constituirán la Reserva Fiscal de la Nación. El Servicio Nacional de Reforma Agraria, planificará el régimen de administración, distribución, inmigración y colonización más conveniente a los intereses del Estado.

Título IV
De los gomales y los castañales

Capítulo I
De la afectabilidad y concesion

Artículo 70°.- Revierten al dominio público todos los árboles de goma y castaña. Las concesiones para su explotación se sujetarán a las siguientes condiciones:

1. A todo trabajador agrícola que recolecta la resina y los frutos (siringuero, freguez, etc.), se le otorgarán en concesión los árboles que actualmente explota, hasta el máximo de dos estradas. Además se le adjudicará una propiedad pequeña en lugar adecuado para la agricultura.
2. Los trabajadores pueden constituirse en cooperativas de producción y venta en común.
3. El Estado organizará sociedades con empresas particulares, sólo para la explotación de las zonas en las cuales no haya población trabajadora con derecho preferente a la concesión.

Artículo 71°.- La propiedad de la tierra de la región gomera será afectada de acuerdo con las disposiciones establecidas para las propiedades agrícolas o ganaderas de las zonas tropicales y subtropicales. Las tierras excedentes revertirán al Estado sin indemnización.

Artículo 72°.- Los árboles de castaña serán de aprovechamiento común, salvo el caso de que se hallaran en propiedad particular o estradas gomeras.

Capítulo II
De la formacion de centros urbanos en las barracas

Artículo 73°.- Todas las barracas son centros de libre acceso. En las que cuentan con más de 15 casas, se consolida en favor de los dueños de los edificios los solares que le son anexos sin indemnización.

Artículo 74°.- La Municipalidad de la capital de departamento determinará el radio urbano de las barracas, con espacio suficiente para dotar de solares a todos los obreros, instalar los servicios públicos y parques y reservar el área requerida para el pastoreo de ganado.

Artículo 75°.- El área comprendida dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de cada barraca será destinada exclusivamente para la adjudicación de propiedades no mayores de 50 hectáreas de acuerdo a la planificación que se haga para cada caso.

Artículo 76°.- Todos los caminos, puertos y sendas son de uso público. Lo son igualmente las aguas y árboles necesarios para la construcción de casas y otros usos domésticos.

Título V
De la dotacion

Capítulo I
De las preferencias en el derecho de dotacion

Artículo 77°.- Todos los bolivianos, mayores de 18 años, sin distinción de sexos, que se dediquen o quieran dedicarse a las labores agrícolas, serán dotados de tierras donde existan disponibles de acuerdo a los planes del Gobierno, y siempre que en término de dos años implantes trabajos agrícolas.

Artículo 78°.- Los campesinos que hubiesen sido sometidos a un régimen de trabajos y explotación feudales, en su condición de siervos, obligados, arrimantes, pegujaleros, agregados, forasteros, etc., mayores de 18 años, los casados mayores de 14 años y las viudas con hijos menores, son declarados con la promulgación del presente Decreto, propietarios de las parcelas que actualmente poseen y trabajan, en tanto el Servicio Nacional de Reforma Agraria les dote, racionalmente de las que les corresponda de acuerdo a las definiciones de la pequeña propiedad o les compense con la explotación colectiva de tierras, que les permita cubrir sus presupuestos familiares.

Artículo 79°.- El artículo anterior tiene sus limitaciones en las disposiciones relativas a las excepciones previstas para la pequeña propiedad.

Artículo 80°.- Los extranjeros tendrán los mismos derechos a que se refiere el artículo 77o, siempre que cumplan con las disposiciones de inmigración y colonización.

Artículo 81°.- El derecho de preferencia de una persona para la dotación de tierras en determinada área se funda en los hechos de residir permanentemente en el lugar y tener ocupación de agricultor. La determinación del grado de preferencia se hará de acuerdo con las disposiciones establecidas para cada tipo de zona y de propiedad.

Artículo 82°.- En la tierra de un latifundio explotado por el sistema de colonato, tendrán derecho preferente a la dotación los propios colonos y trabajadores agrícolas, con un tiempo de residencia de dos años o más, computados retrospectivamente, desde la fecha de promulgación del presente Decreto Ley. A tiempo de hacerse la dotación inicial, se destinará una extensión no menor al diez por ciento del total de las asignaciones individuales, para que sea explotada en forma colectiva por la comunidad. Se destinará también, para el campo escolar, una superficie igual o mayor a la que cada colono reciba.

Artículo 83°.- En los casos a que refiere el artículo 82o, para determinar el derecho a las extensiones adjudicables, se procederá de la siguiente manera:

1. Si hubiera tierra suficiente, la dotación a cada familia se hará a razón de una unidad de dotación. Si quedara un excedente de tierra cultivable, se considerará tierra vacante destinada a la dotación de los campesinos de las propiedades medianas y pequeñas que carezcan de tierra, que habiten en el mismo cantón o en el vecino, hasta seis kilómetros del latifundio afectado. Si hechas las dotaciones previstas en el inciso anterior, aún quedare tierra disponible, la comunidad podrá ampliar la extensión de las tierras de cultivo colectivo.
2. Si las tierras no fueran suficientes para dotar a cada familia de una unidad de dotación, las extensiones adjudicables se reducirán en la proporción necesaria, para dar cabida a todos los que, por ley, tengan derecho preferente a esa tierra. Los campesinos insuficientemente dotados de tierra, tienen derecho a nuevas dotaciones en otras áreas disponibles.

Artículo 84°.- Los campesinos de las propiedades medianas tienen derecho preferente para ser dotados con las tierras sobrantes de los latifundios vecinos, dentro del radio previsto por este Decreto Ley.

Artículo 85°.- Los colonos que tuvieran tierras propias, serán dotados, solamente, en la proporción necesaria para completar la extensión a la que tienen derecho los colonos de la misma propiedad.

Artículo 86°.- En las áreas colonizables de primera clase, tendrán derecho preferente las personas que soliciten extensiones no mayores a las fijadas para la pequeña propiedad, de acuerdo con la respectiva región geográfica.

Artículo 87°.- En las áreas tropicales y sub-tropicales, donde rige el sistema del asalariado, los trabajadores tendrán derecho preferente a la dotación de tierras en los lugares no cultivados, más próximos a su residencia.

Artículo 88°.- En las regiones de Nor y Sud Yungas del Departamento de La Paz y otras de iguales características en que se observan las mismas formas de prestaciones de trabajo, los colonos, arrenderos y peones, tendrán derecho preferente en la dotación de las sayañas y arriendos que actualmente ocupan.

Artículo 89°.- Los egresados de las Facultades de Agronomía y Escuelas de Agricultura gozarán de la preferencia reconocida a los campesinos de propiedades medianas, en las áreas colonizables o en las tierras vacantes que resultaren de los latifundios situados en el distrito rural más próximo a su residencia.

Artículo 90°.- Ser reservan los sobrantes expropiados de la sub-zona de las Yungas de La Paz y Cochabamba, para su concesión preferente, en pequeñas propiedades, en primer término, a los inválidos y deudos de los caídos en la Revolución Nacional, a todos los bolivianos de clase media, empleados y profesionales, ferroviarios, transportistas y constructores así como a todos los obreros de las fábricas y de las minas que deseen asentarse en ellos.

Artículo 91°.- Independientemente de las asignaciones de tierras a que se refiere el presente Capítulo, todo trabajador campesino de la región del altiplano y los valles, será dotado, siempre que lo solicite, y con el compromiso de establecer trabajos en el plazo de dos años, son 50 hectáreas en la región del oriente. El Servicio Nacional de Reforma Agraria reglamentará el sistema y procedimiento de esta dotación.

Capítulo II
De la unidad de dotacion

Artículo 92°.- En las regiones donde existe tierra afectable suficiente, la adjudicación por las familias se hará a razón de una unidad de dotación, equivalente a la extensión de la pequeña propiedad. En las regiones donde no haya tierra suficiente, la extensión adjudicable a cada familia será reducida en la proporción correspondiente para dar cabida a todas las personas con derecho a la tierra.

Artículo 93°.- En las regiones donde se tuviera que efectuar reducciones en las unidades de dotación, éstas se harán por el Servicio Nacional de Reforma Agraria.

Artículo 94°.- Las Cooperativas de minifundistas tendrán preferencia, para la dotación de tierras ,en las regiones de colonización más próximas con acceso a las grandes vías de comunicación.

Capítulo III
Del procedimiento de la dotacion

Artículo 95°.- Los campesinos o el propietario , por separado o en conjunto, pueden solicitar la determinación de áreas afectables. El procedimiento se sujetará a reglamento especial.

Artículo 96°.- En los casos de las propiedades que tengan menos de 25 colonos, la constitución de la comunidad campesina se efectuará por agrupamiento, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 121o, sin perjuicio del acuerdo voluntario a que puedan llegar los colonos de una finca con el propietario respectivo.

Capítulo IV
De la redistribucion de la tierra

Artículo 97°.- Determinadas que sean las tierras afectables de un latifundio, el Servicio Nacional de Reforma Agraria, de acuerdo con el estudio de la zona correspondiente, establecerá la forma de su redistribución, teniendo en cuenta la extensión disponible y la población de la zona, en las condiciones prescritas por el Art. 92o.

Artículo 98°.- En todos los casos, las tierras de explotación colectiva se elegirán de acuerdo con la comunidad o sindicato campesino ; la extensión de esas tierras no debe ser menor del 10% del total de las asignaciones familiares. Igualmente, se procurará que las asignaciones recaigan sobre tierras en actual posesión.

Artículo 99°.- Para establecer las compensaciones de acuerdo con las diferentes calidades de suelo en la distribución de unidades de dotación a las familias campesinas, se aplicará la clasificación y tabla de proporciones prevista en el artículo siguiente.

Artículo 100°.- Hasta que el país disponga de los estudios y planos agrológicos, se adopta, para establecer compensaciones y equivalencias en la dotación de tierra a las familias campesinas, las siguientes categorías :

1. Terrenos de primera clase son los que, por su composición, riego, humedad natural y factores benignos de clima, son aptos para producir, en buenas condiciones comerciales, los dos productos agrícolas que exigen los terrenos más fértiles de su respectiva zona, sin requerir de una extraordinaria aplicación de fertilizantes, y sin necesitar de un descanso de más de un año entre las rotaciones. La enumeración de los productos que corresponden a los terrenos de primera clase, se hará en disposición especial.
2. Terrenos de segunda clase son los que, no siendo aptos para el cultivo de las especies que exigen terrenos fértiles en las condiciones descritas en el párrafo a), lo son para la producción menos exigente de la zona. Las superficies de un declive predominante de más del 7% y los planos que, por ser pedregosos, no admiten mecanización, se consideran de segunda clase, aunque tengan aptitud para los productos más nobles, con excepción de los Yungas.
3. Terrenos de pastizales de buena clase y de bosques maderables, son los que, por su declive mayor al 7%, o por la calidad del suelo, no son aptos para una producción de cultivo sistemático; pero lo son para explotación extensiva de ganado en buenas condiciones, o para la industria forestal.
4. Terrenos de escasa fertilidad son los que tienen pastos pobres o vegetación útil sólo para combustible. Los tolares, algarrobales, los terrenos erosionados, pantanosos, alcalinos y otros de condiciones desfavorables pertenecen a esta categoría.
5. Terreno inaprovechable es el que carece de vegetación o la tiene de tan baja calidad que no es útil para el hombre. Las rocas, eriales y otros que no son de uso agrícola, pertenecen a esta categoría.

Título VI
De los poblados rurales

Capítulo I
De las formas de establecimiento de la poblacion rural

Artículo 101°.- En el área de residencia rural se distinguen tres formas de establecimiento de población :

1. Pueblos o aldeas.
2. Villorrios o rancherías.
3. Establecimientos diseminados en el campo.

Artículo 102°.- Los pueblos o aldeas son centros donde la distribución de las casas tiende a la formación de calles y manzanas. La Municipalidad de la capital del Departamento reconocerá la condición de pueblo o aldea, a cada centro con más de 50 casas habitadas. Las aldeas legalmente reconocidas tienen derecho a solicitar, a la respectiva Municipalidad de la capital del Departamento, la demarcación de su radio urbano, la forma de utilización de las fuentes de agua potable y la provisión de los medios necesarios para su desarrollo. Se declara municipalizado y sujeto a planificación el espacio delimitado por el radio urbano.

Artículo 103°.- Se consolida en favor de los dueños de las edificaciones, los solares ocupados por las casas, los patios enmarcados por las habitaciones, y un canchón de superficie no menor de 500 metros cuadrados.

Artículo 104°.- En los casos en que los pueblos, en forma total o parcial, estuvieran asentados sobre la tierra de una propiedad mediana o de otro tipo de mayor extensión, donde el terrateniente sea, al mismo tiempo, el propietario de las casas, la adjudicación de éstas se hará en favor de los colonos que hayan residido en el lugar un tiempo no menor de dos años. En estos casos, el solar se conceptúa como parte suplementaria de la dotación de tierras que, por derecho, corresponde a cada colono o trabajador. El valor de las edificaciones será indemnizado por el beneficiario, de acuerdo al justiprecio que hagan las autoridades del Servicio Nacional de Reforma Agraria, y en los mismos plazos fijados para el pago de la tierra.

Artículo 105°.- Se exceptúan de lo dispuesto por el artículo anterior, las construcciones de uso general de la finca, tales como la casa de hacienda, almacenes, instalaciones industriales, albergues de los empleados domésticos y otras dependencias que estuvieran ocupadas por los colonos.

Artículo 106°.- Los villorrios o rancherías, son conjuntos de casas de campesinos dispuestas en línea o agrupadas sin orden establecido, próximas unas de otras, de manera que el espacio promedio que las separa no sea mayor de 20 metros.

Artículo 107°.- En las medianas propiedades y empresas agrícolas en las que, la casa habitación del trabajador campesino esté situada en lugar distinto, su familia tiene facultad de seguir viviendo en ella, hasta que el propietario haga construir, a su costa, una casa de valor igual en el terreno propio del campesino, usando los mismos materiales. Entre el colono y el propietario pueden convenir, voluntariamente, la indemnización por el valor de las edificaciones.

Artículo 108°.- Son de uso público las fuentes de agua necesarias para el abastecimiento doméstico de la población rural, esté o no constituida en caserío.

Capítulo II
De la fundacion de pueblos y caserios

Artículo 109°.- Las municipalidades, previos los estudios de planificación, determinará por sí o a pedido de 50 familias por lo menos un área para la fundación de nuevos pueblos.

Artículo 110°.- La fundación se hará, preferentemente, en terrenos municipales y en los particulares que se expropien para este efecto ; las familias de la comunidad rural, serán dotadas, sin excepción, de un solar para edificar su casa.

Artículo 111°.- Junto a las estaciones de los ferrocarriles, en los cruces de los caminos carreteros de importancia y en las márgenes de los ríos navegables, se segregarán y delimitarán áreas suficientes para que sirvan de base a la fundación de nuevos centros urbanos.

Artículo 112°.- En los llanos tropicales y subtropicales, se fundarán caseríos sobre las extensiones segregadas a las grandes propiedades, de acuerdo con el artículo 40.

Artículo 113°.- Se consolida en favor de los pobladores de todas las capitales provinciales, secciones y cantones, las tierras sobre las cuales hubieran edificado ; y en favor del dominio público, los espacios destinados a calles, parques, edificios fiscales, campos deportivos y todos los destinados al uso y servicio público, mediante indemnización.

Título VII
De las areas colonizables

Capítulo UNICO

Artículo 114°.- Para los efectos de colonización, con elementos nacionales o extranjeros, son zonas de primera clase aquella que la ley reserva para concesiones que no excedan los límites de extensión fijados para la propiedad mediana. En dos terceras partes de estas zonas no está permitido hacer nuevas concesiones de superficie mayor que las señaladas. El servicio Nacional de Reforma Agraria determinará, en la tercera parte restante, las áreas para establecimiento de empresas agrícolas.

Artículo 115°.- Zonas de colonización de primera clases son.

1. Una faja de 25 kilómetros de ancho que se extiende a cada lado a lo largo de las vías férreas, de las carreteras construidas o por construirse a cargo del Estado, y de los ríos navegables donde haya tierras baldías o revertidas al dominio público.
2. Un radio de 5 kilómetros en torno de las poblaciones de más de 1.000 habitantes, en los llanos tropicales y sub-tropicales.
3. Todas las regiones que sean señaladas en esta categoría por el Gobierno.

Artículo 116°.- En estas zonas tendrán preferencia para la dotación de las propiedades, los campesinos sin tierra, los trabajadores desocupados y los bolivianos emigrados restituidos al país; los excombatientes del Chaco y los deudos de los caídos por la Revolución Nacional.

Título VIII
De las areas excesivamente fragmentadas

Capítulo I
De sus distintas clases

Artículo 117°.- Las áreas rurales, en las cuales existe una excesiva fragmentación de los predios rústicos, se clasifican en dos categorías: áreas rurales de residencia y áreas de minifundio predominante.

Capítulo II
De las areas rurales de residencia

Artículo 118°.- Se denominan áreas rurales de residencia aquellas en que la población se concentra y los predios se subdividen en forma progresiva, a causa, principalmente, del interés de las familias rurales en asegurar su vivienda en un solar propio, con su respectiva parcela ; teniendo en cuenta más la situación ventajosa de la zona para los fines de residencia y de vida de comunidad, que la extensión de tierras para fines propiamente agrícolas.

Artículo 119°.- Un área rural de residencia puede tener una o varias de las siguientes características: proximidad a los centros urbanos o industriales, posición favorable para el comercio rural y comunicación con otras áreas, situación próxima a regiones de pesca y caza, bosques y recursos naturales de orden vegetal y animal, condiciones de clima, topografía, agua potable y medios indispensables para la subsistencia de un grupo social.

Capítulo III
De las areas de minifundio predominante

Artículo 120°.- Son áreas de minifundio predominante aquellas en que las propiedades, en su gran mayoría, son de tamaño insuficiente para asegurar la subsistencia de sus propietarios, cuya ocupación principal es la agricultura.

Artículo 121°.- En las localidades de minifundio predominante, donde la escasez de tierra laborable está agravada por la fragmentación de cada propiedad en parcelas separadas y distantes unas de otras, se aplicará una política de reagrupamiento de predios.

Título IX
De las organizaciones campesinas

Capítulo I
De la comunidad campesina

Artículo 122°.- La comunidad campesina es el grupo de población vinculado por la proximidad de vivienda y por intereses comunes, cuyos miembros mantienen entre sí relaciones más frecuentes que con gentes de otros lugares, para la satisfacción de sus necesidades de convivencia social. El Estado reconoce y garantiza la existencia de las comunidades campesinas. El reconocimiento de su personería jurídica será reglamentado por ley.

Artículo 123°.- Por razón de su origen se distinguen tres clases de comunidades campesinas:

1. Comunidad de hacienda es la compuesta por 50 o más familias de campesinos que, bajo el sistema de latifundio, estuvieron sometidas a una misma dependencia patronal, sea de una finca con varios dueños o de varias fincas que se consideraban pertenecientes a un mismo grupo de propietarios. La Comunidad de hacienda se caracteriza porque tiene la tradición de haber construido una unidad de producción, con disciplina habitual de trabajo colectivo, considerándose entre las familias partes integrantes del mismo grupo. La comunidad de hacienda tiene la posibilidad de mantener el sistema cooperativo de producción que observó en la hacienda, pero en beneficio de la propia comunidad, como consecuencia de la asignación de tierras con que es beneficiada.
2. Comunidad campesina agrupada es la compuesta por los pobladores de varias fincas medianas y pequeñas, que se asocian voluntariamente hasta alcanzar un número no menor de 50 familias, para obtener el reconocimiento de su personería jurídica.
3. La comunidad indígena está compuesta por las familias de los campesinos que, bajo la denominación de originarios y agregados, son propietarios de un área legalmente reconocida como tierra de comunidad, en virtud de títulos concedidos por los gobiernos de la Colonia y la República o de ocupación tradicional. La comunidad indígena, en el orden interno, se rige por instituciones propias.

Capítulo II
De las funciones de la comunidad campesina

Artículo 124°.- Son atribuciones de la comunidad campesina:

1. Representar los intereses de sus miembros, por órgano de sus personeros legales;
2. Promover el bienestar de la población, atendiendo preferentemente los aspectos de:
   1. Educación escolar y extra-escolar;
   2. Mejoramiento de la vivienda y elevación del nivel de vida;
   3. Cuidado y protección de la salud;
   4. Mejoramiento de las técnicas de producción y de las relaciones económicas y sociales;
   5. Promoción de las formas de cooperativismo para crear, por un esfuerzo común, los medios económicos necesarios y contribuir, con el trabajo personal, a la realización de obras de progreso local.

Artículo 125°.- La comunidad campesina, como tal, es independiente y no podrá formar parte de asociaciones de comunidades y someterse a centrales, federaciones, confederaciones u otras entidades públicas.

Artículo 126°.- La comunidad campesina se diferencia del sindicato agrario: 1) Porque la primera no persigue fines de lucha de clases contra sectores o elementos ajenos a la localidad; 2) Porque no puede formar parte de organismos provinciales, departamentales o nacionales.

Artículo 127°.- Conservando su independencia, la comunidad campesina no excluye la existencia de sindicatos agrarios y otras organizaciones de orden cultural, económico y político.

Artículo 128°.- Los recursos económicos propios de la comunidad campesina no se aplicarán a otros fines que a los de beneficio local. Cualquier contribución u obsequio a las organizaciones que no sean locales, se considerará malversación de fondos y sus autores serán pasibles de las penas correspondientes.

Capítulo III
De las reducciones selvicolas

Artículo 129°.- Los grupos selvícolas de los llanos tropicales y sub-tropicales, que se encuentran en estado salvaje y tienen una organización primitiva, quedan bajo la protección del Estado.

Artículo 130°.- Los núcleos escolares campesinos y las instituciones particulares, debidamente autorizadas, que se encarguen de la incorporación de los selvícolas a la vida nacional, dispondrán de tierras suficientes para establecer a las familias reducidas y convertirlas en agricultores independientes. La propiedad colectiva y particular de los selvícolas es inalienables. Las instituciones de reducción selvícola estarán, en todo tiempo, bajo el control del Gobierno.

Artículo 131°.- Sin perjuicio de la formación de la propiedad familiar selvícola, los organismos encargados de su incorporación fomentarán los sistemas de trabajo cooperativo.

Capítulo IV
De los sindicatos campesinos

Artículo 132°.- Se reconoce la organización sindical campesina, como un medio de defensa de los derechos de sus miembros y de la conservación de las conquistas sociales. Los sindicatos campesinos intervendrán en la ejecución de la Reforma Agraria. Pueden ser independientes o afiliarse a organismos centrales.

Capítulo V
De las cooperativas agricolas

Artículo 133°.- Se reconoce la utilidad social de las cooperativas agrícolas y agropecuarias, integradas por comunarios, campesinos en general, colonizadores y propietarios medianos y pequeños. El Estado promoverá e impulsará su organización y desenvolvimiento. Un Decreto especial reglamentará su desarrollo.

Artículo 134°.- El cooperativismo agrícola se fundará en los siguientes principios básicos: libre adhesión de los asociados; igualdad en derechos y obligaciones de los mismos; control democrático y voto único personal, independiente de la magnitud del capital suscrito por cada socio; ejecución libre de las actividades sociales y distribución del rendimiento, en proporción a la calidad y cantidad de trabajo aportado o al monto de las operaciones realizadas.

Artículo 135°.- Las tierras de las cooperativas agropecuarias serán inafectables dentro de los límites fijados por los artículos 19o y 20o.

Capítulo VI
De la explotacion de las tierras colectivas

Artículo 136°.- Las tierras colectivas de la comunidad campesina se explotan por todos los miembros. La dirección de los trabajos corresponde a los personeros de la comunidad.

Artículo 137°.- Los ingresos obtenidos se destinarán a los siguientes fines:

1. Pago de los costos de producción;
2. Amortización del precio del fundo expropiado;
3. Gastos de beneficio general para la comunidad;
4. Distribución de utilidades entre los miembros de la comunidad.

Artículo 138°.- La comunidad, con responsabilidad propia y con la asesoría técnica necesaria, procurará transformar permanentemente los métodos de cultivo y mejorar su experiencia colectivista.

Artículo 139°.- La comunidad podrá ampliar la extensión de los terrenos colectivos y su capital agrícola, para introducir la división del trabajo a través de nuevos métodos de explotación, y sentar las bases de una agricultura colectivista en beneficio del país.

Capítulo VII
De la organización escolar

Artículo 140°.- Las comunidades campesinas fomentarán la creación de escuelas, controlándolas mediante Juntas Escolares integradas por miembros de su organización.

Artículo 141°.- Dichas comunidades sostendrán los establecimientos escolares que, antes de la promulgación del presente Decreto Ley, atendían los propietarios expropiados.

Artículo 142°.- La comunidad campesina se encargará del cultivo y la explotación del campo de la escuela, para proporcionar los productos necesarios para el desayuno y almuerzo escolar. El campo escolar no será destinado a otros fines que los indicados.

Capítulo VIII
Disposiciones comunes a las organizaciones campesinas

Artículo 143°.- Los personeros de la comunidad campesina, sindicato, cooperativa, consejo escolar y otras organizaciones locales, deben ser, necesariamente, miembros de la comunidad y residentes en el lugar. Los cargos en las organizaciones campesinas se desempeñan gratuitamente.

Título X
Regimen del trabajo campesino

Capítulo UNICO

Artículo 144°.- Queda abolido el sistema de colonato, así como toda otra forma de prestación de servicios personales gratuitos o compensatorios. Se incorpora al trabajador campesino al régimen jurídico-social de la Nación, con todos los derechos reconocidos por la ley.

Artículo 145°.- Se establece el sistema de salario, en todos los contratos individuales o colectivos, como norma de remuneración. Se condonan en favor de los trabajadores todas las deudas provenientes de obligaciones personales.

Título XI
De la conservacion y defensa de los recursos naturales

Capítulo I
De los recursos forestales y animales

Artículo 146°.- Los recursos vegetales como la quina, las maderas de buena calidad y otras especies, y los recursos animales de piel o plumaje fino y otros que se utilizan para fines industriales, que están en proceso de extinguirse, se declaran bajo protección nacional. El Estado reglamentará y racionalizará su explotación.

Artículo 147°.- Se declara tierra forestal y de pastoreo y se prohibe la destrucción de bosques y pastos, en todos los terrenos con pendiente mayor al 15 por ciento; en los Yungas y en las regiones de densa población rural con escasa tierra cultivable, se autoriza su laboreo, por vía de excepción, en surcos a nivel y terrazas.

Artículo 148°.- El Gobierno dictará, en defensa de los recursos naturales renovables, las siguientes disposiciones legales.

1. Ley forestal.
2. Ley de caza y pesca y su reglamento.
3. Ley de conservación de suelos y parques nacionales.

Capítulo II
De la explotacion ganadera

Artículo 149°.- La explotación de la ganadería, dentro del territorio de la República, será regulada por el Estado y comprenderá los siguientes aspectos : a) Hacienda ganadera en cuanto a extensión y tipo de trabajo.

1. Población bovina, equina, mular, ovina, porcina, caprina y auquénida, en cuanto a su registro, número, método de cría, sanidad, industria y comercio.
2. Economía ganadera en cuanto a su desarrollo y protección.

Título XII
De la planificacion territorial y urbana

Capítulo UNICO

Artículo 150°.- Se dispone crear la Dirección General de Planificación Territorial y Urbana, dentro de la Comisión Nacional de Coordinación y Planeamiento.

Título XIII
Del regimen de aguas

Capítulo UNICO

Artículo 151°.- Las poblaciones tienen derecho al uso de las fuentes de agua potable, para fines domésticos; las propiedades agrícolas o pecuarias, con igual derecho, usarán el caudal necesario para sus explotaciones, regadíos o abrevaderos.

Artículo 152°.- Se mantiene el sistema de mitas o turnos de regadío empleados a tiempo de dictarse la presente disposición, tanto en las propiedades inafectables como en las que se constituyan en ejecución de la Reforma Agraria, en la proporción de sus cultivos.

Artículo 153°.- Sin perjuicio del sistema de mitas o turnos, se establece, como regla general, que el agua que ingrese en una propiedad, será aprovechada en ella en el caudal requerido para su utilización, sin que nadie pueda obstaculizar su uso agrícola.

Artículo 154°.- Se prohibe la venta o comercialización de las aguas, las que resultasen sobrantes en una zona o propiedad, pasar libremente a beneficiar las zonas o propiedades que, careciendo de agua propia, se hallen en condiciones de aprovechar tales sobrantes.

Artículo 155°.- Un reglamento especial normará la ejecución de los anteriores preceptos, y la actividad de los órganos atribuidos de velar por la correcta utilización y conservación de las aguas y obras de regadío.

Título XIV
Del pago de las expropiaciones y la redencion de la deuda agraria

Capítulo UNICO

Artículo 156°.- Las expropiaciones que se efectúen en conformidad con el artículo 34, serán pagadas, en su valor catastral vigente, en la proporción que corresponda a la parte afectada, con bonos de la Reforma Agraria, que devengarán un interés no capitalizable del 2%, en el término de 25 años.

Artículo 157°.- En la redención de los bonos se dará preferencia al Banco Agrícola de Bolivia y a los acreedores menores sobre los mayores, y su pago se garantiza con la hipoteca de las tierras con que se dote a los campesinos, con sus cosechas, ganado e instalaciones industriales y, subsidiariamente, con la garantía del Estado.

Artículo 158°.- Los bonos tienen poder liberatorio para la cancelación de las deudas hipotecarias contraídas en el Banco Agrícola de Bolivia sobre las propiedades afectadas; para el pago de los impuestos rezagados sobre la propiedad expropiada y para la adquisición de tierras del Estado n las zonas colonizables, dentro de las limitaciones establecidas para los diferentes tipos de propiedad.

Artículo 159°.- Un reglamento especial determinará las condiciones, poder cancelatorio y modalidades de la emisión y entrega de estos bonos a los acreedores.

Artículo 160°.- Los campesinos beneficiarios con la dotación de tierras abonarán, por ellas, el importe de su valor catastral, en el término de 25 años, computables a partir de la fecha de su posesión. El Servicio Nacional de Reforma Agraria señalará los procedimientos para determinar las cuotas que les corresponda abonar por sus parcelas.

Título XV
De la ejecucion de la reforma agraria

Capítulo I
Organos

Artículo 161°.- Se crea el Servicio Nacional de Reforma Agraria, que será el organismo superior para la ejecución del presente Decreto Ley y de las disposiciones complementarias correspondientes.

Artículo 162°.- El Servicio Nacional de Reforma Agraria, está compuesto por los siguientes órganos:

1. Presidente de la República;
2. Consejo Nacional de Reforma Agraria, bajo loa dependencia del Ministro de Asuntos Campesinos;
3. Jueces Agrarios;
4. Juntas Rurales de Reforma Agraria;
5. Inspectores rurales.

Artículo 163°.- La constitución, designación, elegibilidad, jurisdicción territorial y procedimiento a que se sujetarán los órganos enumerados en el artículo anterior, serán reglamentados por Decreto especial.

Capítulo II
De sus atribuciones

Artículo 164°.- El Presidente de la República es la autoridad suprema y fiscalizadora del Servicio Nacional de Reforma Agraria, resolverá, en definitiva y con potestad propia, las cuestiones emergentes de la aplicación de esta Ley y de sus Decretos complementarios.

Artículo 165°.- Son atribuciones del Consejo Nacional de Reforma Agraria:

1. La planificación integral y superior en materias agraria y campesina;
2. La elaboración reglamentaria de la Ley de Reforma Agraria, mediante el derecho de iniciativa ante el Poder Ejecutivo;
3. El reconocimiento, en grado de apelación, de las acciones sobre denuncias de tierras;
4. La concesión de títulos de propiedad, a favor de los nuevos beneficiados;
5. La organización de sistemas de fomento, cooperativismo y crédito agropecuario;
6. La organización de sistemas de colonización, de explotación racional y de mecanización agropecuaria.

Artículo 166°.- Son atribuciones de los Jueces Agrarios:

1. recibir las denuncias de tierras en la vía contenciosa y conocer, en revisión, de los actos de las Juntas Rurales que no hubiesen sido reclamados;
2. Conocer de esas denuncias y resolverlas en primera instancia;
3. Conocer, en apelación, las denuncias de los Jueces de Aguas y, en primera instancia, las causas que determinará una Ley especial.

Artículo 167°.- Son atribuciones de las Juntas Rurales:

1. Aplicar en su jurisdicción las prescripciones del presente Decreto Ley y de los Decretos reglamentarios que se dictaren, en procedimiento conciliatorio, a petición de parte o de los Inspectores Rurales, ministrando posesión a los nuevos propietarios.
2. Ministrar posesión definitiva a los nuevos beneficiarios, delimitándoles sus parcelas, en conformidad al fallo correspondiente.

Título XVI
Disposiciones finales y transitorias

Capítulo I
De los arrendamientos y permisos de ocupacion

Artículo 168°.- Un Decreto especial reglamentará los casos de excepción en que permitan los contratos de arrendamiento, compañía y aparcería.

Artículo 169°.- Todos los contratos de concesión de tierras baldías en arrendamiento o simple permiso de ocupación, con destino a la agricultura, la ganadería, explotación de bosques, maderas y productos forestales en general, quedan sujetos a revisión por los organismos de la Reforma Agraria.

Artículo 170°.- Los arrendamientos de tierras baldías y permisos para las explotaciones de que habla el artículo anterior, que comprendan grandes superficies o extensiones de tierra, quedarán limitados a las superficies máximas señaladas para la gran empresa agrícola.

Capítulo II
De la doble propiedad

Artículo 171°.- El dueño de dos o más minifundios o pequeñas propiedades situadas en circunscripciones territoriales diferentes, cuya superficie total, sumada, no alcance al límite máximo establecido en la respectiva zona geográfica, para la pequeña y mediana propiedad, queda facultado para conservarlos.

Artículo 172°.- El propietario de dos o más fundos situados en circunscripciones territoriales diferentes, cuyas superficies sumadas sobrepasen al máximo fijado para la mediana propiedad, tendrá derecho de elegir aquella o aquellas que pueda conservar y que, en total, no excedan al límite asignado por esta Ley para la propiedad mediana de la respectiva zona geográfica.

Artículo 173°.- Los aparceros que tengan el uso de un pegujal o sayaña, además de los terrenos de aparcería, quedarán en posesión del primero, en la forma prevista por este Decreto Ley, dándose por fenecido el contrato de aparcería, con la respectiva indemnización por las mejoras que hubiese introducido y sin perjuicio del derecho de dotación que le corresponda.

Artículo 174°.- Cualquier dificultad que surgiere en la aplicación del presente Decreto Ley será resuelta teniendo en cuenta, primero, el interés de los campesinos sin tierra y de los pequeños propietarios y, subsidiariamente, en atención a la producción , el de la mediana propiedad y el de la empresa agrícola.

Artículo 175°.- Una traducción didácticamente resumida y simplificada del presente Decreto Ley será publicada en las lenguas aymará, quechua y guaraní, para que las masas campesinas, de todos los distritos rurales, tomen profunda conciencia de los nuevos derechos que se les acuerda.

Artículo 176°.- Quedan derogadas todas las Leyes, Decretos y Resoluciones contrarios al presente Decreto Ley.

Artículo 177°.- A partir de hoy, dos de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, queda abolido, para siempre, el sistema servidumbral gratuito de trabajo que imperó en el agro y se declara el derecho a la dotación de tierras, con título de propiedad, en favor de todos los campesinos de Bolivia.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-19051026] Bolivia: Ley de 26 de octubre de 1905

Tierras del Estado.- Forma en que deben ser adquiridas.

[BO-L-19150911] Bolivia: Ley de 11 de septiembre de 1915

Tierras baldías.- Se suspende su venta en la República.- se prorroga el término a los adjudicatarios.

[BO-L-1700] Bolivia: Ley Forestal, 12 de julio de 1996

Ley Forestal

Referencias a esta norma

[BO-DL-3732] Bolivia: Decreto Ley Nº 3732, 19 de mayo de 1954

Se establece el procedimiento de demandas de restitución de tierras de comunidad ante los Jueces Agrarios

[BO-DS-3817] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3817, 26 de agosto de 1954

DECRETO SUPREMO Nº 3817

[BO-DS-3819] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3819, 27 de agosto de 1954

DECRETO SUPREMO Nº 3819

[BO-DL-3839] Bolivia: Decreto Ley Nº 3839, 23 de septiembre de 1954

Reorganización del Banco Agrícola de Bolivia

[BO-DL-19551124] Bolivia: Decreto Ley de 24 de noviembre de 1955

Adecuaciones al D.L. Nº 3732

[BO-DS-21923] Bolivia: Decreto Supremo Nº 21923, 20 de abril de 1988

Para la aplicación del impuesto a la propiedad rural creado por el capítulo I Título IV de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, constituyen mínimo no imponible el solar campesino y las pequeñas propiedades agricolas

[BO-DS-22940] Bolivia: Decreto Supremo Nº 22940, 11 de octubre de 1991

Declarar Parque Nacional al área Comprendida entre las provincias Carrasco, Tiraque y Chapare del departamento de Cochabamba, incluyendo la zona oeste del. Bosque Permanente de Protección SAJTA ICHILO, asi como el área del Santuario de Vida Silvestre "Cavernas del Rapechón".

[BO-DS-23418] Bolivia: Decreto Supremo Nº 23418, 10 de marzo de 1993

En el marco de la Ley Fundamental de Reforma Agraria, ampliase y la Intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Colonización.

[BO-L-1715] Bolivia: Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, 18 de octubre de 1996

Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria

[BO-DS-27068] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27068, 6 de junio de 2003

Consolidar todas las instalaciones militares a favor de las Fuerzas Armadas de la Nación.

[BO-DS-27145] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27145, 30 de agosto de 2003

Mejorar la aplicación del saneamiento de la propiedad y facilitar el pago de los precios de adjudicación de la tierra.

[BO-DS-29216] Bolivia: Decreto Supremo Nº 29216, 2 de agosto de 2007

Se instituye el día 2 de Agosto, como “Día de la Revolución Agraria”.

[BO-RE-N388] Bolivia: Reglamento para la Verificación, Comprobación y Determinación de la Existencia de Relaciones Servidumbrales, Trabajo Forzoso y Formas Análogas, 23 de diciembre de 2009

Reglamento para la Verificación, Comprobación y Determinación de la Existencia de Relaciones Servidumbrales, Trabajo Forzoso y Formas Análogas

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