Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1°.- La presente Ley establece el marco jurídico alternativo al dispuesto en el Código de Comercio, para que deudores y sus acreedores acuerden la reestructuración o liquidación voluntaria de empresas no sujetas a regulación por las Superintendencias de Bancos y Entidades Financieras y de Pensiones, Valores y Seguros, sean estas personas naturales o jurídicas, a través de la suscripción y ejecución de un acuerdo de transacción.
A efectos de la presente Ley, se entiende por acuerdo de transacción, el convenio en virtud del cual, el deudor y sus acreedores dirimen derechos de contenido patrimonial mediante concesiones recíprocas y reconocimientos mutuos conforme al procedimiento y a las mayorías establecidas en esta Ley.
La iniciación de un proceso de reestructuración o liquidación voluntaria en el mareo de la presente Ley impide la aplicación de otras disposiciones legales aplicables a la materia.

Artículo 2°.- El deudor y sus acreedores están facultados para convenir sobre las siguientes materias:

1. Reestructuración de activos, pasivos y negocios del deudor.
2. Reprogramación de deudas, esperas, quitas, condonaciones, conversión total o parcial de créditos en obligaciones subordinadas y capitalización de acreencias.
3. Régimen de intereses.
4. Régimen de administración.
5. Ventas totales o parciales y daciones en pago, fusiones, escisiones y transformaciones del negocio.
6. Contratación de nuevos créditos destinados a inversiones o a capital de trabajo. Estos créditos tendrán privilegio respecto a cualquier otro acreedor y no se considerarán como parte de la deuda sujeta a reestructuración.
7. Modificaciones a las condiciones de una emisión de valores o canje de valores.
8. Otras que se consideren necesarias.

Artículo 3°.- Toda información, presentada a la Superintendencia de Empresas, a la Junta de Acreedores y al Síndico de Reestructuración, por el deudor, sus acreedores o sus respectivos representantes legales, tiene carácter de reservada, confidencial y de declaración jurada.

Artículo 4°.- Las resoluciones administrativas definitivas pronunciadas por la Superintendencia de Empresas, podrán ser impugnadas por el deudor o sus acreedores mediante Ja interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico establecidos por Ley, que se concederán en el efecto devolutivo. Agotada la vía administrativa se podrá iniciar el proceso contencioso administrativo que se tramitará de conformidad a lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, salvo en lo relativo al plazo para interponer la demanda, que será de cinco días hábiles computables a partir de la fecha de notificación con la resolución que resuelva el recurso jerárquico. La interposición de esta demanda no suspenderá la ejecución del acto administrativo impugnado.

Capítulo II
Procedimiento

Artículo 5°.- Un deudor puede solicitar a la Superintendencia de Empresas la apertura de un procedimiento para la celebración de un acuerdo de transacción con sus acreedores.
Para que la solicitud sea admitida en la Superintendencia de Empresas, deberá estar acompañada por la siguiente documentación:

1. Plan de reestructuración o liquidación voluntaria.
2. Escritura de constitución y sus modificaciones, inscritas en el Registro de Comercio, cuando corresponda.
3. Lista de todos los accionistas o socios, precisando para cada uno de ellos el número de acciones y porcentaje de participación.
4. Balance General de la última gestión y Balance General actualizado.
5. Lista detallada del acreedores coincidente con el Balance General actualizado.
6. Lista detallada de todos los procesos judiciales, arbitrales o administrativos seguidos contra el deudor o por él.
7. Autorización del órgano correspondiente y poderes de los representantes legales del deudor para someterse a los alcances de la presente Ley.

Artículo 6°.- Por imperio de esta Ley, una vez admitida la solicitud de apertura del procedimiento para la suscripción de un acuerdo de transacción e inscrita ésta en el Registro de Comercio de la Superintendencia de Empresas, se suspenden por un período de noventa días calendario, con excepción de los procesos de naturaleza penal, todos los procesos judiciales, administrativos y arbitrales de contenido patrimonial iniciados en contra del deudor y de éste en contra de sus acreedores, sin que ello implique moratoria. Durante este período, bajo sanción de nulidad, no podrán iniciarse acciones legales de contenido patrimonial en contra del deudor y de éste en contra de sus acreedores, se interrumpe la prescripción de los créditos y se suspenden los plazos de las acciones y el pago de intereses. Por decisión de la Junta de Acreedores, el plazo de noventa días calendario podrá ser ampliado por un máximo de noventa días calendario adicionales.
Una vez registrada la solicitud, la Superintendencia de Empresas, en un plazo máximo de tres días hábiles, publicará la misma en un órgano de prensa de circulación nacional y en uno que circule regularmente en el lugar del domicilio del deudor si lo hubiera o, en su caso, en un medio de comunicación del domicilio del deudor por tres veces consecutivas y con intervalos de tres días calendario. Estas publicaciones surtirán efectos de notificación legal al deudor y a todos sus acreedores.
La publicación deberá contener:

1. Extracto de la resolución de admisión de la solicitud.
2. Nómina de acreedores presentada por el deudor.
3. Plazo para presentar la solicitud de registro de créditos.
4. Designación del Síndico de Reestructuración.
   Una vez admitida la solicitud por la Superintendencia de Empresas, el deudor se encuentra obligado a someterse al procedimiento y a los alcances establecidos por la presente Ley.

Artículo 7°.- Durante el período de suspensión de procesos, el deudor no podrá disponer de sus bienes a titulo gratuito, constituir nuevas garantías, celebrar otros actos relacionados con sus obligaciones y en general, no podrá alterar la situación de los acreedores, anterior a la presentación de la solicitud. Tampoco podrá efectuar reformas o fusiones cuando se trate de sociedades, debiendo pedir autorización a la Junta de Acreedores cuando dichos actos resulten necesarios y urgentes para el desarrollo de las actividades de la empresa o cuando excedan de la administración ordinaria del giro comercial.

Capítulo III
Síndico de Reestructuración

Artículo 8°.- El Síndico de Reestructuración una vez designado por el Superintendente de Empresas, tiene las siguientes funciones:

1. Convocar y presidir la Junta de Acreedores, sin derecho a voto.
2. Impulsar el procedimiento establecido en la presente Ley, disponiendo de oficio las medidas que sean necesarias a tal efecto.
3. Efectuar la verificación y compulsa de la información presentada, en los libros y documentos del deudor y en su caso de 105 acreedores, pudiendo valerse de los elementos y procedimientos que estime necesarios.
4. Evaluar las solicitudes de registro de créditos y la documentación que acompaña a las mismas e informar al Superintendente de Empresas sobre el resultado de dicha evaluación.
5. Evaluar el plan de reestructuración o liquidación voluntaria, opinar sobre su consistencia y, en su caso, proponer alternativas a la Junta de Acreedores para mejorar el mismo.

Artículo 9°.- El Síndico de Reestructuración, podrá renunciar por propia decisión o ser removido por el Superintendente de Empresas, o a solicitud de la Junta de Acreedores por las causales que se determinen en Reglamento, debiendo ser reemplazado por otro designado por el Superintendente de Empresas, dentro de un plazo no mayor a dos días hábiles.
El Síndico de Reestructuración, podrá renunciar por propia decisión o ser removido por el Superintendente de Empresas, o a solicitud de la Junta de Acreedores por las causales que se determinen en Reglamento, debiendo ser reemplazado por otro designado por el Superintendente de Empresas, dentro de un plazo no mayor a dos días hábiles.

Capítulo IV
Registro de créditos

Artículo 10°.- Los acreedores aún los no incorporados en la nómina publicada por la Superintendencia de Empresas, solicitarán a ésta, dentro de un plazo no mayor a siete días hábiles computables desde la última publicación, el registro de sus créditos contenidos en documentos celebrados conforme a Ley, aunque los mismos no hayan vencido, indicando cantidad y garantías, y acompañando los títulos justificativos o una copia legalizada de ellos.
Vencido el término para la presentación de solicitudes de registro de créditos, la Superintendencia de Empresas, en un plazo no mayor a los veinte días calendario, sobre la base del informe del Síndico de Reestructuración, registrará los créditos y establecerá los derechos de voto, conforme a Reglamento en el marco de la legislación comercial y civil aplicable.
La resolución de registro de créditos emitida por la Superintendencia de Empresas, se notificará mediante publicación efectuada por una sola vez en un órgano de prensa de circulación nacional y en uno que circule regularmente en el lugar del domicilio del deudor silo hubiera o, en su caso, en un medio de comunicación del domicilio del deudor.

Artículo 11°.- Los créditos que se encuentren bajo jurisdicción judicial, arbitral o administrativa y que persigan el cobro de los mismos, serán registrados por la Superintendencia de Empresas.

Capítulo V
Junta de acreedores

Artículo 12°.- Una vez publicada la resolución de registro de créditos, el Síndico de Reestructuración convocará a la primera Junta de Acreedores, mediante publicaciones a realizarse en un órgano de prensa de circulación nacional y en uno que circule regularmente en el lugar del domicilio del deudor silo hubiera o, en su caso, en un medio de comunicación del domicilio del deudor por dos veces consecutivas y con intervalos de tres días calendario, la misma que deberá realizarse dentro del plazo de los siete días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de registro de créditos.
La convocatoria a toda reunión de Junta de Acreedores se sujetará al procedimiento establecido en el párrafo anterior.
Siempre que concurra la totalidad de los acreedores registrados, la Junta de Acreedores podrá reunirse válidamente, sin el cumplimiento de los requisitos previstos para la convocatoria y resolver cualquier asunto de su competencia.

Artículo 13°.- La Junta de Acreedores convocada y reunida de acuerdo a lo establecido en esta Ley, presidida por el Síndico de Reestructuración y conformada por los acreedores registrados con derecho a voz y voto, es el órgano soberano que representa la voluntad del conjunto de acreedores registrados y tiene competencia exclusiva e indelegable para tratar aquellos asuntos relativos a la reestructuración o liquidación voluntaria de la empresa. No participarán en las Juntas de Acreedores el Estado, los trabajadores y los titulares de créditos vinculados. La vinculación se establecerá en Reglamento.
Las resoluciones de la Junta de Acreedores son obligatorias para el deudor y todos los acreedores, aún para los ausentes y disidentes, a estos dos últimos no se les podrá imponer condiciones, quitas y esperas distintas de las que se hubieren establecido para los acreedores que intervinieron en la celebración de la Junta de Acreedores. El deudor asistirá a la Junta de Acreedores con derecho a voz.

Artículo 14°.- Para que una Junta de Acreedores sesione válidamente, además de ser convocada en la forma establecida en esta Ley, se requiere la presencia de los acreedores registrados que representen al menos la mayoría absoluta del saldo adeudado a capital de los créditos registrados. De no existir quórum en primera convocatoria, la Junta de Acreedores sesionará validamente, en segunda convocatoria con la presencia de los acreedores registrados con derecho a voto que hubieren asistido.

Artículo 15°.- Las resoluciones de la Junta de Acreedores se tomarán por el voto que represente al menos dos tercios del saldo adeudado a capital de los acreedores registrados presentes con derecho a voto.

Capítulo VI
Oposición y homologación

Artículo 16°.-
Suscrito el acuerdo de transacción entre el deudor y sus acreedores e inscrito en el Registro de Comercio de la Superintendencia de Empresas, el Sindico de Reestructuración publicará un extracto del mismo, por una sola vez en un órgano de prensa de circulación nacional, para que en el término de cinco días hábiles puedan presentarse oposiciones.
Los acreedores de créditos registrados que habiendo asistido a la Junta de Acreedores hubieran hecho constar su disidencia y, que en conjunto, representen al menos el veinte por ciento del total de los créditos registrados, podrán oponerse a la aprobación del acuerdo de transacción únicamente cuando la Junta de Acreedores no haya sido convocada de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, cuando el acuerdo de transacción no hubiere sido votado por las mayorías establecidas por esta Ley o cuando se haya alterado el registro de activos y pasivos del deudor para posibilitar la aprobación del acuerdo de transacción.
La oposición será presentada a la Superintendencia de Empresas con toda la prueba de respaldo. Admitida ésta, el Superintendente de Empresas la correrá en traslado al Sindico de Reestructuración, quien tendrá tres días hábiles para contestarla. Vencido este plazo, con o sin respuesta, el Superintendente de Empresas resolverá la oposición mediante resolución expresa.
Dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la oposición del acuerdo de transacción o, en su caso, declarada improcedente la oposición, el Superintendente de Empresas homologará dicho acuerdo.

Artículo 17°.- El acuerdo de transacción suscrito entre el deudor y sus acreedores registrados, en el marco de la presente Ley, homologado por el Superintendente de Empresas, constituye novación, tiene los efectos de cosa juzgada, impide definitiva e irrevocablemente todo pronunciamiento judicial posterior relacionado a los términos y condiciones contenidos en el mismo.
Una vez homologado el acuerdo de transacción ningún acreedor incluyendo el Estado podrá modificar por ningún motivo la cuantía de sus acreencias.

Capítulo VII
Liquidación

Artículo 18°.- A los efectos de esta Ley, se entiende por liquidación voluntaria de empresas no financieras, la realizada por acuerdo entre el deudor y sus acreedores.
Si el deudor y sus acreedores acuerdan la disolución y la liquidación voluntaria, la empresa quedará disuelta por imperio de esta Ley, desde la fecha de la inscripción del acuerdo de transacción en el Registro de Comercio de la Superintendencia de Empresas, sin necesidad de declaración judicial alguna y surtirá efectos respecto de terceros.
La Junta de Acreedores convendrá los términos y condiciones de la liquidación en cuanto a:

1. Régimen de distribución de pérdidas.
2. Liquidación y personalidad jurídica,
3. Nombramiento, obligaciones, responsabilidades, remoción y remuneraciones del Síndico de Liquidación.
4. Depósito de sumas no cobradas,
5. Cancelación de inscripciones.
6. Balance de Cierre.
7. Otros que se consideren necesarios.
   La aprobación por parte de la Junta de Acreedores del Balance de Cierre y la disposición de cualquier activo remanente, no podrá ser impugnada por ningún acreedor ni deudor ante autoridad judicial y administrativa alguna.

Artículo 19°.- La no suscripción del acuerdo de transacción entre el deudor y sus acreedores, durante el plazo de suspensión de procesos señalado en el Artículo 6° anterior, será causal de quiebra en el marco del Código de Comercio.

Capítulo VIII
Superintendencia de Empresas

Artículo 20°.- La Superintendencia de Empresas como parte del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), es una entidad autárquica de derecho público y de duración indefinida; con personería jurídica, patrimonio propio e independencia de gestión técnica, legal, administrativa y económica.
La Superintendencia de Empresas con domicilio principal en la sede de Gobierno, tiene jurisdicción y competencia nacional, pudiendo establecer oficinas en otros lugares del territorio nacional.

Artículo 21°.- El Presidente de la República designará al Superintendente de Empresas por un período de seis años, de una tema propuesta por dos tercios de voto de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.
El Superintendente de Empresas es la máxima autoridad ejecutiva e inviste la representación legal de la Superintendencia de Empresas. Los Intendentes Regionales y Funcionales serán designados por el Superintendente de Empresas previa aprobación del Superintendente General del SIREFI.

Artículo 22°.- Son aplicables a los funcionarios de la Superintendencia de Empresas los alcances del Artículo 158° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.

Artículo 23°.- Son funciones y atribuciones de la Superintendencia de Empresas:

1. Cumplir y hacer cumplir la Ley, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas y objetivos.
2. Regular, controlar y supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la reestructuración y liquidación de las empresas y el registro de comercio.
3. Regular, controlar y supervisar que las sociedades comerciales se desenvuelvan con transparencia en sus actividades.
4. Regular, controlar y supervisar, en el marco de la Ley, la competencia y eficiencia en las actividades de las personas naturales y jurídicas bajo su jurisdicción, así como investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias cuando considere que pueden ir en contra del interés público.
5. Llevar el registro de los Síndicos de Reestructuración y de Liquidación que intervienen en los procesos de reestructuración y de liquidación de empresas, así como aplicar los requisitos, condiciones y forma de habilitación de los mismos en conformidad a Reglamento.
6. Designar al Síndico de Reestructuración en los procesos de reestructuración o de liquidación voluntaria de empresas.
7. Emitir, controlar y supervisar la aplicación de normas nacionales de contabilidad contenidas en el Manual de Cuentas de la Superintendencia de Empresas y normas internacionales de contabilidad aplicables a las personas naturales y jurídicas, sometidas a su jurisdicción y competencia.
8. Controlar y determinar la forma de presentación, frecuencia y divulgación de los estados contables e informes de auditoria externa de las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción.
9. Supervisar, inspeccionar, establecer responsabilidades y aplicar sanciones de amonestación escrita, multa, cancelación de registro a las personas naturales y jurídicas bajo su jurisdicción y competencia de acuerdo a Reglamento.
10. Ordenar inspecciones o auditorias a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción.
11. Conocer y resolver los recursos que le sean interpuestos.
12. Iniciar y proseguir acciones judiciales en todas las instancias que considere conveniente.
13. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario.
14. Proponer al Poder Ejecutivo, normas de carácter técnico y dictaminar sobre los reglamentos relativos al ámbito de su competencia.
15. Emitir resoluciones administrativas necesarias para instrumentar la aplicación y cumplimiento de la Ley y sus reglamentos.
16. Todas las demás funciones y atribuciones que le sean conferidas por Ley.

Artículo 24°.- Toda persona natural o jurídica que se sintiere agraviada o perjudicada en sus derechos e intereses legítimos por las resoluciones que emita la Superintendencia de Empresas, podrá hacer uso de los recursos que franquea la Ley.

Artículo 25°.- El Superintendente, los funcionarios y personas contratadas por la Superintendencia de Empresas, durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años calendario posteriores de cesar en sus funciones o actividades, están prohibidos bajo responsabilidad de dar a conocer información declarada reservada y confidencial por los acreedores, el deudor y demás personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción, así como dar a conocer información privilegiada.
Asimismo, el Superintendente y los funcionarios de la Superintendencia de Empresas, no podrán ser directores, síndicos, asesores, gerentes o funcionarios ejecutivos, basta un año de haber cesado en sus funciones de aquellas entidades y empresas reguladas, controladas y supervisadas por la Superintendencia de Empresas.

Capítulo IX
Disposiciones finales

Artículo 26°.- El Estado realizará quitas a capital, en los intereses y accesorios correspondientes a sus acreencias y aceptará planes de pago concordantes con los términos y condiciones aprobados por los acreedores registrados que conforman la Junta de Acreedores. Los montos de las quitas y los términos y condiciones de los planes de pago de las acreencias públicas, resultarán del promedio ponderado de las quitas y de los términos y condiciones de los planes de pago aprobados por los acreedores registrados, establecidas en el plan de reestructuración. El Estado no capitalizará sus acreencias.
La metodología de cálculo para las quitas y de los planes de pago señalados en cl presente artículo será establecida en Reglamento.
Para efectos de aplicación de la presente Ley, se denominan acreencias públicas, a las emergentes de las obligaciones de los empresarios con el Estado, sean estas tributarias o de otra índole, Las acreencias con el Seguro Social Obligatorio (SSO) de largo plazo, cuyo procedimiento de cobro se encuentra establecido en la Ley Nº 1732, así corno aquellos derechos y beneficios sociales reconocidos a favor de los trabajadores, conservarán el privilegio establecido en cl inciso 2) del Artículo 1345° del Código Civil y en el Artículo 1493° del Código de Comercio.

Artículo 27°.- Los acuerdos de transacciones suscritos entre el deudor y sus acreedores, deben ser inscritos en los registros correspondientes como contratos sin cuantía.
Los acuerdos de transacciones suscritos entre el deudor y sus acreedores, pagarán una tasa de regulación a la Superintendencia de Empresas equivalente al uno por mil del monto total de los créditos registrados, de conformidad con el Artículo 10° anterior, hasta una tasa de regulación máxima equivalente a doscientas mil Unidades de Fomento de Vivienda.

Artículo 28°.- Modificaciones a la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Al final del Artículo 57° de la Ley Nº 1488, se añade el siguiente texto:

“Cuando la entidad de intermediación financiera reciba en pago, acciones ordinarias o preferidas de nueva emisión representativas de capital de una empresa deudora, reestructurada en virtud a la Ley de Reestructuración Voluntaria, las mismas no podrán representar más de un tercio del patrimonio de la empresa reestructurada, estas acciones podrán mantenerse en propiedad de la institución financiera acreedora por el plazo máximo establecido para el pago de la deuda en el acuerdo de transacción. Si transcurrido este periodo, la entidad de intermediación financiera continuara en posesión de las acciones, obligatoriamente efectuará una previsión equivalente al cien por ciento del importe registrado en sus libros.
Para efectos de financiamiento, las nuevas operaciones de crédito emergentes del acuerdo de transacción, no serán consideradas como créditos vinculados.
Las acciones recibidas en pago, emergentes del acuerdo de transacción suscrito en virtud a la Ley de Reestructuración Voluntaria, serán consideradas como activos de riesgo a los fines del cómputo de los límites crediticios.”

Artículo 29°.- La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo, en un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha de su publicación.

Artículo 30°.- El primer párrafo del Artículo 1514° del Código de Comercio, queda redactado de la siguiente forma:

“La admisión del procedimiento de concurso preventivo produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el deudor, salvo las ejecuciones que tengan por causa obligaciones familiares o laborales, quedando interrumpida la prescripción de los créditos, cuyos juicios deberán radicarse en el juzgado que conoce del procedimiento.”

Artículo 31°.- La presente Ley será aplicable con preferencia a cualesquiera otras disposiciones legales, en materia de Reestructuración Voluntaria y Liquidación Voluntaria.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Abrogada por

[BO-L-N685] Bolivia: Ley de cierre del proceso de reestructuración y liquidación voluntaria de empresas y de atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de Empresas - AEMP ., 12 de mayo de 2015

11 DE MAYO DE 2015.- LEY DE CIERRE DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE EMPRESAS Y DE ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS - AEMP .

Véase también

[BO-L-1488] Bolivia: Ley de Bancos y Entidades Financieras, 14 de abril de 1993

Ley General de Bancos y Entidades Financieras

[BO-L-1732] Bolivia: Ley de Pensiones, 29 de noviembre de 1996

Ley de Pensiones

Referencias a esta norma

[BO-DS-27187] Bolivia: Reglamento a la Ley 2495 Reestructuracion Voluntaria, DS Nº 27187, 24 de septiembre de 2003

Decreto Supremo Nº 27187, septiembre 24 de 2003. REGLAMENTO A LA LEY 2495 REESTRUCTURACION VOLUNTARIA.

[BO-DS-27203] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27203, 7 de octubre de 2003

Reglamentar el Artículo 25 de la Ley Nº 2427 de 28 /11/ 2002 y el Capítulo VIII de la Ley Nº 2495 de 4 /08/ 2003 (Organización y funcionamiento de la Superintendencia de Empresas).

[BO-DS-27236] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27236, 4 de noviembre de 2003

Reglamentar el Programa Transitorio de Reprogramación de Adeudos al Sistema de Reparto (Transitoria Tercera del Código Tributario).

[BO-DS-27386] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27386, 20 de febrero de 2004

Crear y establecer los mecanismos para el funcionamiento del Fondo de Apoyo al Sistema Financiero - FASF.

[BO-DS-27384] Bolivia: Reglamento a la Ley de Reestructuración Voluntaria (Ley Nº 2495), DS Nº 27384, 20 de febrero de 2004

Reglamento a la Ley Nº 2495 de 4 /08/ 2003 - Ley de Reestructuración Voluntaria.

[BO-DS-27385] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27385, 20 de febrero de 2004

Constituir e instrumentar el funcionamiento del Fondo de Fortalecimiento de Empresas .

[BO-DS-27417] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27417, 26 de marzo de 2004

Complementar el Decreto Supremo N° 27384 de 20 /02/ 2004, Reglamentario a la Ley de Reestructuración Voluntaria y, modificar el Decreto Supremo N° 27385 de 20 /02/ 2004 que crea el Fondo de Fortalecimiento de Empresas.

[BO-DS-27549] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27549, 4 de junio de 2004

Establecer mecanismos de excepción para el funcionamiento de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Banco Central de Bolivia.

[BO-DS-27759] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27759, 27 de septiembre de 2004

Reglamentar los alcances de la Ley Nº 2495 de 4 /08/ 2003 - Ley de Reestructuración Voluntaria, modificando, complementando y aclarando el Decreto Supremo Nº 27384 de 20 /02/ 2004.

[BO-DS-27757] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27757, 27 de septiembre de 2004

Aprobar la amnistía general para todos los comerciantes constituidos o establecidos en territorio nacional, que no estuvieran inscritos en el Registro de Comercio.

[BO-DS-28414] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28414, 21 de octubre de 2005

Se modifica el Parágrafo II del Artículo 54 del Decreto Supremo N° 27384 de 20 /02/ 2004 (Reestructuración Voluntaria de Empresas).

[BO-DS-28577] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28577, 17 de enero de 2006

Se modifica el Parágrafo II del Artículo 54 del Decreto Supremo Nº 27384 de 20 /02/ 2004, modificado por el Parágrafo I del Artículo Unico del Decreto Supremo Nº 28414 de 21 /10/ 2005 (Reestructuración Voluntaria).

[BO-DS-29192] Bolivia: Decreto Supremo Nº 29192, 14 de julio de 2007

Disponer que la Superintendencia de Empresas - SEMP, suspenda temporalmente la admisión de solicitudes de aquellas empresas dispuestas a acogerse al Procedimiento de Reestructuración Voluntaria, en el marco de la Ley N° 2495 de 4 de agosto de 2003, de Reestructuración Voluntaria, hasta que la SEMP conozca los resultados de la Evaluación Externa del Programa de Reestructuración Voluntaria, recomiende la continuidad del programa y establezca modificaciones a la normativa vigente.

[BO-DS-29519] Bolivia: Decreto Supremo Nº 29519, 16 de abril de 2008

Regula la competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad, a través de mecanismos adecuados a ser ejecutados por el Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO y la Superintendencia de Empresas.

[BO-DS-29535] Bolivia: Decreto Supremo Nº 29535, 30 de abril de 2008

Modifica el Decreto Supremo N° 27384 de 20 de febrero de 2004, así como regula las acreencias sociales en el marco de la aplicación del Artículo 26 de la Ley N° 2495 de 4 de agosto de 2003, de Reestructuración Voluntaria.

[BO-L-N685] Bolivia: Ley de cierre del proceso de reestructuración y liquidación voluntaria de empresas y de atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de Empresas - AEMP ., 12 de mayo de 2015

11 DE MAYO DE 2015.- LEY DE CIERRE DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE EMPRESAS Y DE ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS - AEMP .

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