Artículo 1°.- De conformidad con el Artículo 59°, atribución 12º, de la Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica la Convención americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa rica”, suscrita en San José, Costa rica, el 22 de noviembre de 1969.

Artículo 2°.- Reconocer la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Convención.

Artículo 3°.- Reconocer como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al artículo 62 de la Convención.


Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los dos días del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres años.
Fdo. H. Guillermo Fortún Suárez, Presidente Honorable Senado Nacional.- H. Gastón Encinas Valverde, Presidente Honorable Cámara de Diputados.- H. Elena Calderón de Zuleta, Senador Secretario.- H. Carlos Farah Aquim, Senador Secretario.- H. Walter Villagra Romay, Diputado Secretario.- H. Walter Alarcón Rojas, Diputado Secretario.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres años.
Fdo. JAIME PAZ ZAMORA, Presidente Constitucional de la República.- Lic. Ronald MacLean Abaroa, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.- Lic. Carlos Saavedra Bruno, Ministro del Interior, Migración, Justicia y Defensa Social.

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Ley Nº 1430, 11 de febrero de 1993
Fecha2018-01-29FormatoTextTipoL
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioConvención americana sobre derechos humanos. Pacto de San José de Costa Rica). Se aprueba y ratifica la suscrita en San José el 22 de noviembre de 1969
KeywordsLey, febrero/1993
Origenhttp://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/Default.aspx?id_base=2&id_busca=1430
Referencias0001-4031.lexml
CreadorFdo. H. Guillermo Fortún Suárez, Presidente Honorable Senado Nacional.- H. Gastón Encinas Valverde, Presidente Honorable Cámara de Diputados.- H. Elena Calderón de Zuleta, Senador Secretario.- H. Carlos Farah Aquim, Senador Secretario.- H. Walter Villagra Romay, Diputado Secretario.- H. Walter Alarcón Rojas, Diputado Secretario. Fdo. JAIME PAZ ZAMORA, Presidente Constitucional de la República.- Lic. Ronald MacLean Abaroa, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.- Lic. Carlos Saavedra Bruno, Ministro del Interior, Migración, Justicia y Defensa Social.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-19670202] Bolivia: Constitución política de 1967, 2 de febrero de 1967
Constitución de 2 de febrero de 1967

Referencias a esta norma

[BO-DS-27001] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27001, 17 de abril de 2003
Establecer los mecanismos para el cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Trujillo Oroza).
[BO-DS-27449] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27449, 13 de abril de 2004
Establecer el marco para el Referéndum vinculante sobre la política energética del país.
[BO-DS-27489] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27489, 14 de mayo de 2004
Reglamento para el funcionamiento de la radiodifusión comunitaria.
[BO-DS-27507] Bolivia: Referendum vinculante sobre la política energética del país, DS Nº 27507, 19 de mayo de 2004
REFERENDUM VINCULANTE SOBRE LA POLITICA ENERGETICA DEL PAIS.
[BO-DS-28429] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28429, 1 de noviembre de 2005
Atender la redistribución de escaños parlamentarios de los Departamentos en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001 y la asignación equitativa por población y desarrollo económico, conforme dispone el Artículo 60 Parágrafo VI de la Constitución Política del Estado, limitando sus condiciones de vigencia a las elecciones del día 18 /12/l año 2005.
[BO-DS-28526] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28526, 16 de diciembre de 2005
Reglamentación y simplificación del trámite de obtención de licencia para el funcionamiento de la radiodifusión comunitaria, que comprende los servicios de radio y televisión.
[BO-DS-N262] Bolivia: Decreto Supremo Nº 262, 26 de agosto de 2009
Designa MINISTRO INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, al ciudadano JUAN RAMÓN QUINTANA TABORGA, Ministro de la Presidencia, mientras duró la ausencia del titular.
[BO-DS-N1359] Bolivia: Decreto Supremo Nº 1359, 26 de septiembre de 2012
Prohibe la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados, en manifestaciones y movilizaciones sociales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada.
[BO-DS-N1553] Bolivia: Decreto Supremo Nº 1553, 8 de abril de 2013
Establece procedimientos complementarios relacionados con el régimen de congelamiento de fondos y otros activos establecido en la Ley N° 262, de 30 de julio de 2012, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, a efectos de procesar el levantamiento de la medida en casos de desafectación de las personas o por razones de necesidad humanitaria para permitirles a las personas alcanzadas por la medida de congelamiento, sufragar sus gastos básicos o extraordinarios.
[BO-DS-N1935] Bolivia: Decreto Supremo Nº 1935, 19 de marzo de 2014
Establece el mecanismo de pago determinado en la Sentencia de 25 de noviembre de 2013, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “CASO FAMILIA PACHECO TINEO VS. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.
[BO-DS-N2888] Bolivia: Decreto Supremo Nº 2888, 1 de septiembre de 2016
01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- Establece la prohibición del uso, tenencia y porte de explosivos y de otros materiales relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada.

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