CONSIDERANDO:

• Que, por mandato de la Constitución Política del Estado de 1967, declarada en vigencia por el Gobierno Revolucionario, “Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus deribados, corresponden al Estado”;
• Que, por mandato de la misma Carta Magna “El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano”;
• Que, la misma Carta fundamental del Estado establece que, “No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la independencia económica del Estado”;
• Que, el citado cuerpo de leyes prescribe que, “Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República”;
• Que, la empresa boliviana Gulf mil Company se ha constituído en un nuevo SUPERESTADO, que dispone de un poder económico y político superior al del Estado boliviano, incompatible con el principio y la práctica de la soberanía nacional;
• Que, los Mandatos Revolucionarios que, en nombre del pueblo de Bolivia, han dado las Fuerzas Armadas de la Nación a este Gobierno, señalan el deber de “Asegurar la soberanía de la Nación sobre las fuentes de producción del país. En resguardo de este objetivo, recuperar las riquezas nacionales”;
• Que, el Gobierno Revolucionario ha derogado el Código del Petróleo, norma legal reguladora de la explotación de los hidrocarburos nacionales redactada por abogados dependientes de las empresas petrolíferas privadas extranjeras e impuestas al país a través de gobiernos seudo-nacionalistas-para asegurara la empresa Bolivian Gulf mil Company un margen de utilidad y de impunidad que comprometen gravemente el interés económico y la dignidad nacional;
• Que, el pueblo boliviano, en todas sus actividades y sectores sociales ha tomado conciencia de la necesidad de proceder a la nacionalización de los bienes de Bolivian Gulf mil Company, y ha exigido la adopción inmediata de esta medida;

CON EL DICTÁMEN AFIRMATIVO DE LOS MINISTROS DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO.

DECRETA:

Artículo 1°.- La reversión al Estado de todas las concesiones otorgadas a BOLIVIAN GULF mil COMPANY, y la nacionalización de todas sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna.

Artículo 2°.- El inmediato control, por las Fuerzas Armadas de la Nación, de todos los campos, instalaciones y demás pertenencias de BOLIVIAN GULF mil COMPANY.

Artículo 3°.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y. P . F . B.) intervendrá inmediatamente en el control técnico y administrativo de las instalaciones y pertenencias de Bolivian Gulf mil Company, bajo la directa dependencia y fiscalización del Ministerio de Minas y Petróleo.

Artículo 4°.- La formación de una comisión presidida por el Ministerio de Minas y Petróleo, e integrada por un representante de las Fuerzas Armadas, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, un representante de la Dirección General del Petróleo y un representante de la Confederación de Trabajadores Petroleros, la misma que, con el asesoramiento técnico que requiera, establecerá el monto, condiciones y términos de la correspondiente indemnización.

Artículo 5°.- La continuidad de las actividades de YABOG, en cuanto persona jurídica beneficiaria del crédito otorgado por el Banco Mundial y por el New York State Common Retirement Fundo para el tendido del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba y los ramales respectivos, entidad que con el aval y respaldo del Estado, asume la totalidad de las obligaciones emergentes de dicho crédito y la suma de las acciones, derechos y obligaciones contraidos por el acuerdo de venta de gas a la República Argentina.

Artículo 6°.- Quedan salvados los derechos reconocidos por el Código del Petróleo derogado, en favor de los departamentos productores de hidrocarburos, y asegurada, en su beneficio, la percepción de regalías departamentales definidas por la norma legal citada. Asimismo se reconoce en favor de los departamentos productores, la recepción de gas a precio cero en los volúmenes y condiciones establecidos por disposiciones legales en vigencia.

Artículo 7°.- La permanencia y el reconocimiento de su antigüedad y de todos los beneficios sociales que de acuerdo a Ley los correspondieran, de todos aquellos obreros, empleados y técnicos, tanto nacionales como extranjeros, que prestan servicios en la empresa BOLIVIAN GULF mil COMPANY y que manifiesten su intención de continuar trabajando en la empresa nacionalizada.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-19670202] Bolivia: Constitución política de 1967, 2 de febrero de 1967

Constitución de 2 de febrero de 1967

[BO-DS-8956] Bolivia: Decreto Supremo Nº 8956, 20 de octubre de 1969

La reversión al Estado de todas las concesiones otorgadas a BOLIVIAN GULF OIL COMPANY.

Referencias a esta norma

[BO-DS-8981] Bolivia: Decreto Supremo Nº 8981, 7 de noviembre de 1969

En cumplimiento del D.S. N° 08956 de 17 de octubre del 1969, de nacionalización de bienes y acciones de Bolivia Gulf Oil Company, se dispone que la totalidad de las acciones que Bolivian Gulf Oil Company.

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