CONSIDERANDO:

• Que la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, de Pensiones, en su Artículo 68 faculta al Poder Ejecutivo reglamentar dicha Ley mediante Decreto Supremo,
• Que la citada Ley en su Artículo 21 establece que el empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención y pagar las cotizaciones obligatorias, primas y comisiones deducidas del Total Ganado de los Afiliados bajo su dependencia laboral, así como pagar con sus propios recursos las primas correspondientes al seguro de riesgo profesional de sus empleados,
• Que la Ley de Pensiones en su Articulo 33 establece que el empleador que no pague en la oportunidad debida las Contribuciones al Seguro Social Obligatorio - SSO, deberá pagar un interés sobre los montos no pagados, aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones y la tasa activa comercial promedio,
• Que la Ley de Pensiones en su Artículo 23 establece que procederá la ejecución social cuando se persiga el cobro de cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos adeudados a las AFP,
• Que el Decreto Supremo Nº 25722 de 31 de marzo de 2000 reglamenta la recuperación de adeudos al Seguro Social Obligatorio de largo plazo - SSO, estableciendo los procedimientos de cobro y el plazo que tienen las AFP para iniciar los procesos judiciales que persigan la recuperación de las Contribuciones en mora,
• Que el Decreto Supremo Nº 26131 de 30 de marzo de 2001 amplía el plazo de la Gestión de Cobro a 120 días calendario,
• Que debido a la situación económica que atraviesa el país y con el fin de facilitar a los empleadores el cumplimiento de sus obligaciones para con el Seguro Social Obligatorio de largo plazo,

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Autorizacion)

1. Con carácter excepcional, se autoriza a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) suscribir convenios de pago a proposición de los empleadores que se encuentran en mora con el Seguro Social Obligatorio de largo plazo (SSO) al 30 de noviembre de 2001 y que se hallen dentro de la Gestión de Cobro o con Proceso Ejecutivo Social iniciado. Los plazos de amortización en estos convenios deberán considerar la capacidad de pago de cada empresa, no pudiendo exceder el plazo convenido a doce (12) mensualidades.
2. En los convenios de pago a ser suscritos entre la AFP y el empleador deberá considerarse las previsiones de los artículos 5° y 6° del Decreto Supremo Nº 25722 en cuanto a intereses y recargos e intereses sobre la suma exigible.
3. En caso que el empleador incumpla con el pago del compromiso asumido o incurra en una nueva mora, la AFP deberá iniciar, si corresponde, el Proceso Ejecutivo Social previsto en la Ley de Pensiones, o reiniciar las acciones legales para la ejecución judicial de la mora.

Artículo 2°.- (Reglamentacion) La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) en uso de sus atribuciones reglamentará mediante Resolución Administrativa expresa el procedimiento para la ejecución del presente Decreto Supremo.

Artículo 3°.- (Derogacion) Queda derogado el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 26131 de 30 de marzo de 2001.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-1732] Bolivia: Ley de Pensiones, 29 de noviembre de 1996

Ley de Pensiones

[BO-DS-25722] Bolivia: Decreto Supremo Nº 25722, 31 de marzo de 2000

Reglamentar el proceso de recuperación de adeudos del Servicio Social Obligatorio y el flujo de recursos de inversión del FCI en Valores del TGN.

[BO-DS-26131] Bolivia: Decreto Supremo Nº 26131, 30 de marzo de 2001

Se amplía a 120 días calendario, la obligación que tienen las AFP de iniciar, la acción procesal prevista en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 25722, de 31 /03/ 2000.

Referencias a esta norma

[BO-DS-26702] Bolivia: Decreto Supremo Nº 26702, 10 de julio de 2002

Se modifica el Decreto Supremo N° 26468, de 22 /12/ 2001, (Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo).

Deroga a

[BO-DS-26131] Bolivia: Decreto Supremo Nº 26131, 30 de marzo de 2001

Se amplía a 120 días calendario, la obligación que tienen las AFP de iniciar, la acción procesal prevista en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 25722, de 31 /03/ 2000.

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