CONSIDERANDO:

• Que el Parágrafo II del Artículo 103 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.
• Que el numeral 1 del Artículo 14 de la Ley Nº 387, de 9 de julio de 2013, del Ejercicio de la Abogacía, modificado por el Parágrafo VII del Artículo 27 de la Ley Nº 915, de 22 de marzo de 2017, establece que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene entre sus atribuciones, registrar y matricular a las abogadas y los abogados, y a las Sociedades Civiles de Abogadas y Abogados.
• Que el Artículo 4 de la Ley Nº 1080, de 11 de julio de 2018, de Ciudadanía Digital, dispone que la ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado; y que el uso de los mecanismos de la ciudadanía digital implica que las instituciones mencionadas, puedan prescindir de la presencia de la persona interesada y de la presentación de documentación física para la sustanciación del trámite o solicitud.
• Que el inciso v) del Artículo 22 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por el Decreto Supremo Nº 3058, de 22 de enero de 2017, señala que el Ministerio de la Presidencia es el ente rector de Gobierno Electrónico y de Tecnologías de Información y Comunicación para el sector público del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo el encargado de establecer las políticas, lineamientos y normativa específica para su implementación, seguimiento y control.
• Que los incisos a) y b) del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 1760, de 9 de octubre de 2013, que Reglamenta la Ley Nº 387, establecen que el Ministerio de Justicia actual Ministerio de Justicia y Trasparencia Institucional, a través del Registro Público de la Abogacía verificará el cumplimiento de los requisitos para el registro y matriculación de abogadas y abogados, para la ulterior prosecución del trámite; y la autenticidad de los Títulos Profesionales de abogadas y abogados, debiendo solicitar al Ministerio de Educación y a las Universidades reconocidas del Estado Plurinacional de Bolivia, certificación sobre la autenticidad de dichos documentos que hubiesen expedido, requerimiento que deberá ser atendido en forma oportuna y gratuita.
• Que los Parágrafos I y II del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 3525, de 4 de abril de 2018, dispone que las instituciones públicas deberán priorizar en todos sus trámites el uso de tecnologías de información y comunicación a efecto de digitalizar, automatizar, interoperar y simplificar la tramitación de los asuntos que son de su competencia, para facilitar la realización de trámites a la ciudadanía, las entidades públicas, en observancia de su normativa específica, deberán intercambiar entre ellas datos e información mediante interoperabilidad. Los mecanismos y condiciones de publicación y acceso a los servicios de interoperabilidad serán establecidos por el Ente Rector de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.
• Que a objeto de optimizar, transparentar y agilizar el tiempo en la tramitación del registro y matriculación de profesionales abogadas y abogados, es necesario implementar mecanismos de interoperabilidad, a través del uso de tecnologías de información y comunicación, para el acceso, validación e intercambio de información entre la Dirección General del Registro Público de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Educación y las Universidades reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, para lo cual se requiere modificar el Decreto Supremo Nº 1760.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar lineamientos y estándares técnicos de gobierno electrónico en los procedimientos de registro y matriculación de profesionales abogadas y abogados, para lo cual se modifica el Decreto Supremo Nº 1760, de 9 de octubre de 2013, que Reglamenta la Ley Nº 387, de 9 de julio de 2013, del Ejercicio de la Abogacía, modificada por la Ley Nº 915, de 22 de marzo de 2017.

Artículo 2°.- (Modificaciones)

1. Se modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1760, de 9 de octubre de 2013, con el siguiente texto:

   “ARTÍCULO 4.- (REQUISITOS). Las abogadas y los abogados que soliciten registro y matriculación en la Dirección General del Registro Público de la Abogacía, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Contar con Ciudadanía Digital; b) Llenar el formulario de solicitud de registro disponible en el Sistema del Registro Público de la Abogacía; c) Pago del costo del registro.”

2. Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 1760, de 9 de octubre de 2013, con el siguiente texto:

   “ARTÍCULO 5.- (VERIFICACIÓN).
   I. El Ministerio de Educación y las Universidades reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, según corresponda, deberán interoperar con el Sistema del Registro Público de la Abogacía, a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado, los siguientes datos: a) Número y fecha de resolución del título profesional; b) Número del título profesional; c) Nombre (s) y apellido (s) de la abogada o abogado; d) Número del documento de identidad de la abogada o abogado; e) Universidad.
   II. En caso que alguna de las entidades señaladas en el presente Artículo, no disponga de bases de datos informatizadas de los títulos profesionales que emita, deberá registrar en el Sistema del Registro Público de la Abogacía, la información señalada en el Parágrafo precedente, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de la entrega de los títulos profesionales.
   III. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de la Dirección General del Registro Público de la Abogacía, verificará el cumplimiento de los requisitos y datos señalados en el Artículo 4 y en el presente Artículo, procediendo a la matriculación de las abogadas y abogados y la emisión de la credencial.”

3. Se modifica el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 1760, de 9 de octubre de 2013, con el siguiente texto:

   “ARTÍCULO 9.- (REQUISITOS). Las sociedades civiles de abogadas y abogados que soliciten su registro y matriculación en la Dirección General del Registro Público de la Abogacía, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Llenar el formulario de solicitud de registro disponible en el Sistema del Registro Público de la Abogacía; b) Pago del costo del registro.”

   
   

   Disposiciones transitorias

Disposición Transitoria Única.-
Las abogadas y los abogados que hubieran obtenido su credencial en el periodo de 2009 hasta el 2012, deberán actualizar su credencial en el plazo máximo de noventa (90) días calendario computable a partir de la publicación del presente Decreto Supremo. al término de este plazo, las credenciales de dicho periodo quedarán inválidas para su uso.

Disposiciones finales

Disposición Final Primera.-
Las entidades públicas deberán solicitar a la Dirección General del Registro Público de la Abogacía, la certificación del registro y matriculación de las abogadas y los abogados bajo su dependencia.

Disposición Final Segunda.-
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional deberá aprobar los procedimientos correspondientes para la implementación de las modificaciones realizadas en el presente Decreto Supremo en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario computable a partir de su publicación.

Disposición Final Tercera.-
La implementación del presente Decreto Supremo, no implicará recursos adicionales al Tesoro General de la Nación - TGN.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-DS-29894] Bolivia: Estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, DS Nº 29894, 7 de febrero de 2009

Estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-L-N387] Bolivia: Ley del ejercicio de la abogacía, 9 de julio de 2013

Ley del ejercicio de la abogacía

[BO-DS-N1760] Bolivia: Reglamento a la Ley del ejercicio de la abogacía, DS Nº 1760, 9 de octubre de 2013

Reglamento a la Ley del ejercicio de la abogacía.

[BO-DS-N3058] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3058, 24 de enero de 2017

22 DE ENERO DE 2017.- Modifica el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo para crear el Ministerio de Energías, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias, y fusionar el Ministerio de Autonomías al Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción al Ministerio de Justicia.

[BO-L-N915] Bolivia: Ley Nº 915, 28 de marzo de 2017

22 DE MARZO DE 2017.- Modifica en la legislación boliviana, la denominación de los ex-Ministerios de Autonomías, de Justicia, de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y de Hidrocarburos y Energía, por la denominación de Ministerios de la Presidencia, de Justicia y Transparencia Institucional, y de Hidrocarburos; además de reestructurar la conformación de los Comités, Directorios y Consejos de los cuales sean parte.

[BO-DS-N3525] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3525, 4 de abril de 2018

Tiene por objeto:a) Establecer la Política de Atención a la Ciudadanía: Bolivia a tu Servicio y el Portal de Trámites del Estado;b) Normar el archivo digital, la interoperabilidad y la tramitación digital.

[BO-L-N1080] Bolivia: Ley de ciudadanía digital, 12 de julio de 2018

11 DE JULIO DE 2018.- LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL.

[BO-DS-N4690] Bolivia: Decreto Supremo Nº 4690, 30 de marzo de 2022

Implementa lineamientos y estándares técnicos de gobierno electrónico en los procedimientos de registro y matriculación de profesionales abogadas y abogados, para lo cual se modifica el Decreto Supremo N° 1760, de 9 de octubre de 2013, que Reglamenta la Ley Nº 387, de 9 de julio de 2013, del Ejercicio de la Abogacía, modificada por la Ley N° 915, de 22 de marzo de 2017.

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