CONSIDERANDO:

• Que el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado, determina que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
• Que el numeral 15 del Artículo 108 del Texto Constitucional, establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones.
• Que el Artículo 342 de la Constitución Política del Estado, señala que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.
• Que el Parágrafo I del Artículo 349 del Texto Constitucional, dispone que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.
• Que el Artículo 380 de la Constitución Política del Estado, determina que los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales. La ley regulará su aplicación.
• Que el Artículo 386 del Texto Constitucional, establece que los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.
• Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley Nº 1333, de 27 de abril de 1992, dispone que la política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre la base de la definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural.
• Que el Artículo 4 de la Ley Nº 1700, de 12 de julio de 1996, Forestal, señala que los bosques y tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado sometidos a competencia del gobierno nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras forestales son de utilidad pública e interés general de la nación. Sus normas son de orden público, de cumplimiento universal, imperativo e inexcusable.
• Que el Artículo Único del Decreto Supremo Nº 3973, de 9 de julio de 2019, modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 26075, de 16 de febrero de 2001, estableciendo que en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan.
• Que en Resolución Expresa N° 07/2020, de 15 de septiembre de 2020, del Consejo Nacional de reducción de Riesgos y atención de Desastres - CONARADE, recomienda a la Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la abrogatoria del Decreto Supremo Nº 3973, que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 26075.
• Que es de conocimiento de la población boliviana que, nuestro territorio se encuentra expuesto a los efectos nocivos de las quemas e incendios forestales que no solamente amenazan al medio ambiente y los recursos naturales, sino que también provocan un daño irreparable a la naturaleza y la salud de la población, pero fundamentalmente las condenan a su propia destrucción; por la paulatina devastación de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente que devienen en el calentamiento global.
• Que los focos de calor registrados en el territorio nacional, pueden ocasionar o derivar en incendios forestales, ocasionando efectos ambientales sobre la utilización del suelo, capacidad de carga, biodiversidad y la alteración de los procesos hidrológicos, biogeoquímicos, y atmosféricos.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo Único.- Se abroga el Decreto Supremo Nº 3973, de 9 de julio de 2019, que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 26075, de 16 de febrero de 2001.

Disposiciones finales

Disposición Final Única.- El Ministerio de Medio Ambiente y Agua podrá realizar la Auditoría Ambiental por los incendios forestales en los departamentos de Santa Cruz y Beni a los derechos otorgados en el marco del Decreto Supremo Nº 26075, modificado por el Decreto Supremo Nº 3973.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Abroga a

[BO-DS-N3973] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3973, 10 de julio de 2019

Modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001.

Véase también

[BO-L-1333] Bolivia: Ley del Medio ambiente, 27 de marzo de 1992

Ley de Medio ambiente

[BO-L-1700] Bolivia: Ley Forestal, 12 de julio de 1996

Ley Forestal

[BO-DS-26075] Bolivia: Decreto Supremo Nº 26075, 16 de febrero de 2001

Se declaran Tierras de Producción Forestal Permanente las 41.235.487 hectáreas.(Chuquisaca y Tarija)

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-DS-N3973] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3973, 10 de julio de 2019

Modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001.

[BO-DS-N4333] Bolivia: Decreto Supremo Nº 4333, 16 de septiembre de 2020

Abroga el Decreto Supremo N° 3973, de 9 de julio de 2019, que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001.

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