CONSIDERANDO:

• Que los Parágrafos I y II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, determinan que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
• Que el Parágrafo I del Artículo 178 del Texto Constitucional, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
• Que el Parágrafo I del Artículo 251 de la Constitución Política del Estado, dispone que la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado.
• Que el Artículo 226 de la Ley Nº 025, de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, señala que la Dirección Administrativa y Financiera es una entidad desconcentrada, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, económica y financiera y patrimonio propio, encargada de la gestión administrativa y financiera de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, pudiendo crear oficinas departamentales.
• Que la Ley Nº 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley Nº 1970, de 25 de marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal, y disposiciones conexas.
• Que el Parágrafo IV del Artículo 113 de la Ley Nº 1970, modificado por la Ley Nº 1173, establece que las audiencias serán registradas en su integridad digitalmente de manera audiovisual. La Oficina Gestora de Procesos será responsable de cumplir con los protocolos de seguridad que garanticen la inalterabilidad del registro y su incorporación al sistema informático de gestión de causas.
• Que el inciso b) del Artículo 80 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por Decreto Supremo Nº 3058, de 22 de enero de 2017, dispone como atribución del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, proponer y dirigir las políticas y el desarrollo normativo del sector justicia, orientado a lograr justicia social.
• Que la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia en su 33° Reunión, aprobó el Plan de Implementación de la Ley Nº 1173, y la necesidad de la emisión de una norma específica para su efectiva implementación.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar en la gestión 2019, la contratación directa de bienes y servicios destinados exclusivamente a cumplir los plazos de implementación de la Ley Nº 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

Artículo 2°.- (Contratacion directa)

1. Se autoriza en la gestión 2019, efectuar la contratación directa de bienes y servicios, para cumplir los plazos de implementación dispuestos en la Ley Nº 1173, exclusivamente con los recursos asignados para este propósito, a favor del:
   1. Órgano Judicial a través de la Dirección Administrativa y Financiera;
   2. Ministerio Público;
   3. Ministerio de Gobierno para la Policía Boliviana.
2. El procedimiento para la contratación directa de bienes y servicios, será reglamentado por las entidades señaladas en el Parágrafo precedente mediante Resolución expresa.
3. Las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo, son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad contratante.
4. Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE mil 00/100 BOLIVIANOS) se solicitará al proveedor el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE para la formalización de la contratación, según lo establecido en la Reglamentación.
5. Una vez realizadas las contrataciones directas, las entidades señaladas en el presente Artículo deberán:
   1. Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado, de acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General del Estado; y
   2. Registrar la contratación directa de bienes y servicios en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE mil 00/100 BOLIVIANOS).

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-1173] Bolivia: Ley Nº 1173, 4 de julio de 1990

Convenio con argentina. Apruébase el de cooperación y facilitación en materia de turismo, suscrito el 13 de diciembre de 1989

[BO-L-1970] Bolivia: Ley Nº 1970, 25 de marzo de 1999

Nuevo Código de Procedimiento Penal

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-DS-29894] Bolivia: Estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, DS Nº 29894, 7 de febrero de 2009

Estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional

[BO-L-N25] Bolivia: Ley del Órgano Judicial, 24 de junio de 2010

Ley del Órgano Judicial

[BO-DS-N3058] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3058, 24 de enero de 2017

22 DE ENERO DE 2017.- Modifica el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo para crear el Ministerio de Energías, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias, y fusionar el Ministerio de Autonomías al Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción al Ministerio de Justicia.

[BO-L-N1173] Bolivia: Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, 8 de mayo de 2019

03 DE MAYO DE 2019.- LEY DE ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL Y DE FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES.

[BO-DS-N3937] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3937, 24 de junio de 2019

Autoriza en la gestión 2019, la contratación directa de bienes y servicios destinados exclusivamente a cumplir los plazos de implementación de la Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

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