CONSIDERANDO:

• Que la calificación y ejecución de la responsabilidad civil, una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, procede únicamente a petición expresa del ofendido, la parte civil o el fiscal, sujetándose su tramitación a lo previsto por los artículos 327 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, que necesariamente debe concluir con la dictación de la sentencia correspondiente;
• Que hay reclusos en los establecimientos penitenciarios del país, con sentencias ejecutoriadas y penas corporales cumplidas superabundantemente, sin haber obtenido aún su libertad por encontrarse económicamente imposibilitados de resarcir el daño civil emergente de su delito;
• Que esos reclusos no tienen, en la mayoría de los casos, la sentencia correspondiente que califique su responsabilidad civil conforme al artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, porque la parte civil ni el fiscal han solicitado expresamente esa calificación y respectiva ejecución;
• Que es justo presumir que la parte damnificada ha perdido interés en la reparación del daño civil emergente del delito, al no haber solicitado oportunamente su calificación judicial;
• Que la prisión de reclusos en la condición anteriormente señalada es muy injusta e indebida, contraria inclusive al espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
• Que la sobrepoblación penitenciaria en los recintos carcelarios del país condena a los reclusos a vivir en condiciones infrahumanas degradantes a la dignidad del ser humano, además de sufrir la privación de libertad que los fué impuesta, imposibilitando que las políticas de readaptación y rehabilitación social cumplan su cometido;
• Que el artículo 96 numeral 12 de la Constitución Política del Estado faculta al poder Ejecutivo hacer cumplir las sentencias de los tribunales, naturalmente no sólo con sujeción a las leyes y el derecho, sino también con el debido respeto a la dignidad humana.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- Se dispone la inmediata libertad de todo recluso que hubiera cumplido la pena corporal que el fué impuesta, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, y continue aún en reclusión debido a que no tiene a la fecha de este decreto, sentencia de calificación de su responsabilidad civil, por que no fué solicitada oportuna y expresamente por la parte damnificada, o iniciado el trámite ha sido abandonado.

Artículo 2°.- Se remite o condona a los mencionados reclusos, el pago de multas y costas que los fueron impuestas en favor del Estado;

Artículo 3°.- El juez que pronunció la sentencia y el juez de vigilancia son responsables solidariamente, junto con el director del establecimiento penitenciario, de la inmediata liberación de los presos comprendidos en el artículo 1 de este decreto, en un plazo de quince días a partir de la fecha, a cuyo objetivo adoptarán coordinadamente, con la mayor diligencia e interés, todas las providencias y recaudos necesarios, para no incurrir en denegación de justicia.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-19670202] Bolivia: Constitución política de 1967, 2 de febrero de 1967

Constitución de 2 de febrero de 1967

Referencias a esta norma

[BO-DS-23692] Bolivia: Decreto Supremo Nº 23692, 23 de diciembre de 1993

Se condona por vía de excepción las costas y multas que adeudan al Estado, los internos de los recintos penitenciarios.

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