CONSIDERANDO:

• Que el Artículo 62 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
• Que el numeral 11 del Artículo 108 del Texto Constitucional, establece que es deber de las bolivianas y los bolivianos, socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
• Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, dispone como competencia privativa del nivel central del Estado, el sistema financiero.
• Que el Parágrafo I del Artículo 330 del Texto Constitucional, señala que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.
• Que el Artículo 331 de la Constitución Política del Estado, determina que las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley.
• Que el Artículo 7 de la Ley Nº 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, establece que el Estado en ejercicio de sus competencias privativas sobre el sistema financiero, atribuidas por la Constitución Política del Estado, es el rector del sistema financiero que, a través de instancias del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, definirá y ejecutará políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo principalmente, a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía nacional con equidad social; fomentará el ahorro y su adecuada canalización hacia la inversión productiva; promoverá la inclusión financiera y preservará la estabilidad del sistema financiero.
• Que el Parágrafo II del Artículo 8 de la Ley Nº 393, dispone que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, es la institución encargada de ejercer las funciones de regulación, supervisión y control de las entidades financieras.
• Que el numeral 4 del Artículo 6 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, define Riesgo como . la magnitud estimada de pérdida de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio ambiente dañado y actividades económicas paralizadas, bienes y servicios afectados en un lugar dado, y durante un periodo de exposición determinado para una amenaza en particular y las condiciones de vulnerabilidad de los sectores y población amenazada. Que con el fin de precautelar el bienestar de los afectados por el incendio suscitado en el Mercado Mutualista de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y considerando que la fuente de repago fue afectada, es necesario la aprobación del presente Decreto Supremo, el cual establece que las Entidades de Intermediación Financiera acuerden con los prestatarios afectados la reprogramación de sus operaciones de crédito.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer que las Entidades de Intermediación Financiera acuerden con los prestatarios afectados por el incendio suscitado en el “Mercado Mutualista” de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 31 de julio de 2022, la reprogramación de sus operaciones de créditos.

Artículo 2°.- (Reprogramación)

1. Se establece que las Entidades de Intermediación Financiera, a solicitud de los prestatarios afectados y en función a su situación económica y capacidad de pago, deben acordar la reprogramación de las operaciones de crédito.
2. Las Entidades de Intermediación Financiera, para la estructuración de las reprogramaciones, citadas en el Parágrafo precedente, podrán considerar en el proceso de análisis, la incorporación de periodos de gracia, entre otras medidas. ARTÍCULO 3.- (REGISTRO).
   Las Entidades de Intermediación Financiera, en el plazo de diez (10) días hábiles, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deben contar con un registro de los prestatarios afectados por el incendio suscitado en el “Mercado Mutualista”, que al presente mantengan deudas en dichas entidades; información sobre la cual procederán conforme lo dispuesto en el Artículo 2 de la presente norma.

Artículo 4°.- (Control y verificación) La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, está encargada de controlar y verificar, el cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto Supremo.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-L-N393] Bolivia: Ley de Servicios Financieros, 21 de agosto de 2013

21 DE AGOSTO DE 2013.- LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS

[BO-L-N602] Bolivia: Ley de gestión de riesgos, 18 de noviembre de 2014

14 DE NOVIEMBRE DE 2014.- LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS

[BO-DS-N4775] Bolivia: Decreto Supremo Nº 4775, 5 de agosto de 2022

Establece que las Entidades de Intermediación Financiera acuerden con los prestatarios afectados por el incendio suscitado en el “Mercado Mutualista” de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 31 de julio de 2022, la reprogramación de sus operaciones de créditos.

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