CONSIDERANDO:

• Que el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado, determina que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
• Que el numeral 15 del Artículo 108 del Texto Constitucional, establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones.
• Que el numeral 20 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, señala como competencia privativa del nivel central del Estado, la política general de Biodiversidad y Medio Ambiente. Asimismo, los numerales 6 y 7 del Parágrafo II del citado Artículo, disponen como competencias exclusivas del nivel central del Estado, el régimen general de biodiversidad y medio ambiente; y la política forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques.
• Que los numerales 1 y 4 del Parágrafo II del Artículo 299 del Texto Constitucional, determinan como competencias que la ejerce de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, el preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental; y conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
• Que el numeral 5 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, establece como competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción, preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.
• Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, establece como principio la Prioridad en la Protección por el que todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud ante la infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.
• Que el Artículo 32 de la Ley Nº 602, dispone que la declaratoria de desastres y/o emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
• Que el Artículo 33 de la Ley Nº 602, señala que una vez emitida la declaratoria de Desastres y/o Emergencias nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, conforme a las previsiones de la citada Ley y su reglamento, las entidades quedan facultadas para realizar la contratación de bienes y servicios bajo la Modalidad de Contratación por Desastres y/o Emergencias establecida en la normativa vigente. La contratación de bienes y servicios en situaciones de desastres y/o emergencias, deben estar orientadas a la atención inmediata y oportuna de las poblaciones y sectores afectados.
• Que el numeral 2 del inciso a) del Artículo 39 de la Ley Nº 602, establece que la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo, previa recomendación del CONARADE, declarará desastre nacional cuando la magnitud e impacto del evento haya causado daños de manera que el Estado en su conjunto no pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica; situación en la que se requerirá asistencia externa.
• Que el Parágrafo I de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Nº 602, dispone que en tanto se constituya el Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias - FORADE, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, podrá transferir de manera directa los recursos establecidos en el Artículo 29 de la citada Ley, a las diferentes instituciones que correspondan, previa autorización del CONARADE.
• Que el Artículo 67 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, define la modalidad de contratación por desastres y/o emergencias; permitiendo a las entidades públicas contratar bienes y servicios, única y exclusivamente para enfrentar los desastres y/o emergencias nacionales, departamentales y municipales, declaradas conforme a la Ley Nº 602.
• Que la Resolución CONARADE N° 09/2020, de 8 de octubre de 2020, del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias - CONARADE, recomienda a la Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Declaratoria de Desastre Nacional mediante Decreto Supremo, debido a la presencia de incendios forestales, sequía y fenómenos adversos reales e inminentes en el territorio boliviano, afectando la salud de sus habitantes, el medio ambiente, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana.
• Que es necesario Declarar Situación de Desastre Nacional, por incendios forestales y sequía, por la magnitud y particularidades para encarar las debidas acciones que pueden resultar muy complicadas en su atención y control.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo, tiene por objeto declarar Situación de Desastre Nacional por la presencia de incendios forestales y sequía en el Territorio Nacional.

Artículo 2°.- (Declaratoria de desastre nacional) Se declara Situación de Desastre Nacional por la presencia de incendios forestales y sequía, que afectan a la salud de los habitantes, al medio ambiente, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana; y, por la magnitud y condiciones de difícil accesibilidad a los territorios afectados, que imposibilitan la atención pronta y oportuna de los diferentes niveles del Estado Boliviano.

Artículo 3°.- (Recursos económicos) Se autoriza a las instituciones y entidades públicas, en el marco de sus atribuciones y funciones, realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 4°.- (Gestión para la asistencia externa) En el marco del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con los Ministerios de Defensa, de Planificación del Desarrollo y de Medio Ambiente y Agua, podrá gestionar la ayuda internacional necesaria con todos los Estados y Organismos Internacionales que deseen cooperar con el Estado boliviano.

Disposiciones finales

Disposición Final Primera.- Para el cumplimiento del Artículo 3 del presente Decreto Supremo, las Entidades Territoriales Autónomas, podrán solicitar a través del Viceministerio de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Defensa; el apoyo y soporte correspondiente de acuerdo a disponibilidad de recursos, en el marco del numeral 4 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos.

Disposición Final Segunda.- En el marco del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar las gestiones necesarias y suscribir los instrumentos correspondientes para la asignación de recursos, de acuerdo a disponibilidad financiera del Tesoro General de la Nación - TGN.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-DS-N181] Bolivia: Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, DS Nº 181, 28 de junio de 2009

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

[BO-L-N602] Bolivia: Ley de gestión de riesgos, 18 de noviembre de 2014

14 DE NOVIEMBRE DE 2014.- LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS

[BO-DS-N4358] Bolivia: Decreto Supremo Nº 4358, 13 de octubre de 2020

Declara Situación de Desastre Nacional por la presencia de incendios forestales y sequía en el Territorio Nacional.

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