CONSIDERANDO:

• Que los numerales 2 y 4 del Artículo 407 de la Constitución Política del Estado, determinan como objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, entre otros, establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana; y proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros.
• Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, establece como principio la Prioridad en la Protección por la que todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud ante la infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.
• Que el Artículo 32 de la Ley Nº 602, dispone que la declaratoria de desastres y/o emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
• Que el Artículo 33 de la Ley Nº 602, señala que una vez emitida la declaratoria de Desastres y/o Emergencias nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, conforme a las previsiones de la citada Ley y su reglamento, las entidades quedan facultadas para realizar la contratación de bienes y servicios bajo la Modalidad de Contratación por Desastres y/o Emergencias establecida en la normativa vigente. La contratación de bienes y servicios en situaciones de desastres y/o emergencias, deben estar orientadas a la atención inmediata y oportuna de las poblaciones y sectores afectados.
• Que el numeral 1 del inciso a) del Artículo 39 de la Ley Nº 602, establece que la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo, previa recomendación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias - CONARADE, declarará emergencia nacional cuando la presencia de un fenómeno real o inminente sea de tal magnitud que el o los gobiernos autónomos departamentales afectados, no puedan atender el desastre con sus propias capacidades económicas y/o técnicas; situación en la que el Ministerio de Defensa y todas las instituciones destinadas a la atención de la emergencia del nivel Central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y municipales, ejecutarán sus protocolos de coordinación e intervención.
• Que en el marco del Parágrafo I de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Nº 602, en tanto se constituya el Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias - FORADE, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, podrá transferir de manera directa los recursos establecidos en el Artículo 29 de la citada Ley, a las diferentes instituciones que correspondan, previa autorización del CONARADE.
• Que el Artículo 67 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, define la modalidad de contratación por desastres y/o emergencias; permitiendo a las entidades públicas contratar bienes y servicios, única y exclusivamente para enfrentar los desastres y/o emergencias nacionales, departamentales y municipales, declaradas conforme a la Ley Nº 602.
• Que el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 100 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece que el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva, de declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a las categorías establecidas, y ejecutar acciones de respuesta y recuperación integral de manera coordinada con las entidades territoriales autónomas.
• Que la Resolución Expresa del CONARADE, recomienda al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Declaratoria de Emergencia Nacional mediante Decreto Supremo, debido al exceso de precipitaciones pluviales ocasionando inundaciones, riadas y desbordes de ríos en diferentes regiones del territorio nacional, poniendo en riesgo la vida de las bolivianas y bolivianos, afectando las actividades económicas en general de la población boliviana.
• Que es necesario Declarar Emergencia Nacional, por la presencia de fenómenos climáticos adversos, provocando inundaciones, desbordes, riadas, deslizamientos, granizadas, calamidad pública, entre otros, en diferentes regiones del territorio nacional.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar Situación de Emergencia Nacional por la presencia de fenómenos climáticos adversos.

Artículo 2°.- (Declaratoria de emergencia) Se declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia de fenómenos climáticos adversos, provocando inundaciones, desbordes, riadas, deslizamientos, granizadas, calamidad pública, entre otros, en diferentes regiones del territorio nacional.

Artículo 3°.- (Recursos económicos) Se autoriza a las instituciones y entidades públicas, en el marco de sus competencias, a realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para la atención de lo señalado en el Artículo precedente.

Disposiciones finales

Disposición Final Primera.- Para el cumplimiento del Artículo 3 del presente Decreto Supremo, las entidades territoriales autónomas podrán solicitar al Ministerio de Defensa, a través del Viceministerio de Defensa Civil, el apoyo y soporte correspondiente, en el marco del numeral 4 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos.

Disposición Final Segunda.- En el marco del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar las gestiones necesarias y suscribir los instrumentos correspondientes.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-DS-N181] Bolivia: Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, DS Nº 181, 28 de junio de 2009

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

[BO-L-N31] Bolivia: Ley marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 19 de julio de 2010

Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”

[BO-L-N602] Bolivia: Ley de gestión de riesgos, 18 de noviembre de 2014

14 DE NOVIEMBRE DE 2014.- LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS

[BO-DS-N3812] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3812, 27 de febrero de 2019

27 DE FEBRERO DE 2019.- Declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia de fenómenos climáticos adversos.

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