CONSIDERANDO:

• Que el numeral 2 del Artículo 345 de la Constitución Política del Estado, establece que las políticas de gestión ambiental se basarán en la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente.
• Que el Artículo 22 de la Ley Nº 1333, de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente, señala que es deber del Estado y la sociedad la prevención y control de los problemas ambientales derivados de desastres naturales o de las actividades humanas.
• Que el Artículo 4 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 24176, de 8 de diciembre de 1995, establece las características para que la Autoridad Ambiental Competente Nacional - AACN asuma competencia sobre proyectos, obras o actividades, públicos o privados.
• Que el inciso c) del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 2342, de 29 de abril de 2015, que reglamenta la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, señala que la atención de desastres y/o emergencias es el proceso a través del cual se ejecutan las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación con el propósito de brindar una adecuada y oportuna atención de afectados y damnificados, permitiendo normalizar las actividades esenciales de los mismos en las comunidades involucradas.
• Que las Actividades, Obras y Proyectos - AOPs a implementarse, en el marco de una situación declarada de desastre o emergencia, requieren la otorgación de la licencia ambiental por parte de la AACN, de manera excepcional para su inmediata ejecución.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo Único.- Se faculta a la Autoridad Ambiental Competente Nacional - AACN a otorgar, de manera excepcional a lo establecido en la normativa ambiental, la licencia ambiental a Actividades, Obras o Proyectos - AOPs cuando cumplan las siguientes condiciones:

1. Se enmarquen en una declaratoria de situación de desastre y/o emergencia, a nivel nacional;
2. Emerjan de una declaratoria de interés social, utilidad pública o de interés del nivel central del Estado, establecida mediante Ley o Decreto Supremo; y
3. Sean de responsabilidad del nivel central del Estado, o en concurrencia con las entidades territoriales autónomas, cuya ejecución podrá ser delegada a una entidad privada o pública.
   

   Disposiciones adicionales

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- El procedimiento para la otorgación de la licencia ambiental, en el marco del presente Decreto Supremo, será reglamentado mediante Resolución expresa de la AACN y homologado mediante Resolución Ministerial.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-1333] Bolivia: Ley del Medio ambiente, 27 de marzo de 1992

Ley de Medio ambiente

[BO-DS-24176] Bolivia: Decreto Supremo Nº 24176, 8 de diciembre de 1995

Se aprueba la reglamentación de la Ley del Medio Ambiente.

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-L-N602] Bolivia: Ley de gestión de riesgos, 18 de noviembre de 2014

14 DE NOVIEMBRE DE 2014.- LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS

[BO-DS-N2342] Bolivia: Reglamenta la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos., DS Nº 2342, 29 de abril de 2015

29 DE ABRIL DE 2015.- Reglamenta la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos.

[BO-DS-N3197] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3197, 31 de mayo de 2017

31 DE MAYO DE 2017.- Faculta a la Autoridad Ambiental Competente Nacional – AACN a otorgar, de manera excepcional a lo establecido en la normativa ambiental, la licencia ambiental a Actividades, Obras o Proyectos – AOPs cuando cumplan las siguientes condiciones:A) Se enmarquen en una declaratoria de situación de desastre y/o emergencia, a nivel nacional;B)Emerjan de una declaratoria de interés social, utilidad pública o de interés del nivel central del Estado, establecida mediante Ley o Decreto Supremo; yC) Sean de responsabilidad del nivel central del Estado, o en concurrencia con las entidades territoriales autónomas, cuya ejecución podrá ser delegada a una entidad privada o pública.

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