CONSIDERANDO:

• Que la Ley de Imprenta de 19 de Enero de 1925 prescribe la organización del Jurado para el conocimiento y sanción de los delitos y de las faltas de prensa, cuyas responsabilidades es necesario definir con relación a nuestras leyes de carácter penal.
• Que dadas nuestras modalidades sociales el Jurado de Imprenta ha resultado prácticamente inaplicable, encontrándose, por otra parte, en desuso desde su creación.
• Que, lamentablemente, la función social de la prensa, que debe ejercitarse tanto en beneficio y prestigio del país como de si misma, ha venido desvirtuando su destino especifico dando cabida, muchas veces a campañas que no concuerdan con su alta misión orientadora de la opinión pública, todo un desconocimiento de los principios de autoridad y de respeto que se merecen las autoridades del Estado, la sociedad y las personas.
• Que la función de las estaciones radiodifusoras, función que constituye un derivado intelectual de la prensa, incurre con notoria frecuencia en análogas actitudes delictuosas.
• Que es de urgencia dictar medidas que regulen determinados principios de moral pública y de propaganda política ajustándolos a ineludibles normas éticas y legales.
• Que mientras se dicta un nuevo reglamento de imprenta apropiado y cabal.

En Junta Militar de Gobierno, se expide el presente Decreto Ley:

Artículo 1°.- Se suprime el Jurado de Imprenta creado por Ley de 19 de Enero de 1925 y se establecen los delitos y las faltas de imprenta la misma jurisdicción, competencia y trámites que prescriben las leyes penales para todos los delitos comunes, de conformidad al Código Penal y su Procedimiento, sin excepción.

Artículo 2°.- Todas las radiodifusoras y emisoras quedan comprendidas en las prescripciones de la citada Ley de 19-de Enero de 1925.

Artículo 3°.- A toda persona que sea sorprendida en la impresión, tenencia y reparto de sueltos, panfletos, hojas volantes de agitación subversiva diarios y periódicos clandestinos etc. en los que se incurra en la comisión de los delitos de imprenta y de los especificados en el Código Penal, será detenida por las autoridades respectivas y puesta a disposición de la justicia ordinaria para su juzgamiento.

Artículo 4°.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Ley.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Abrogada por

[BO-DS-24708] Bolivia: Decreto Supremo Nº 24708, 17 de julio de 1997

Se abroga el decreto ley No. 2720 de 19/09/1951.

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