En la acción de inconstitucional abstracta interpuesta por Javier Leigue Herrera, Diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de los arts.66.I. II y 67 de la Ley Nº 393 de 21 de agosto de 2013; 1 en la frase “... y determinar los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera”; 4, Disposición Adicional Segunda y Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Supremo (DS) 1842 de 18 de diciembre de 2013, por ser presuntamente contrarios a los arts.12.III, 109.II y 330.II. III de la Constitución Política del Estado (CPE).

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud a la autoridad que el confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y conforme al art.12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTCP), resuelve declarar:

1º.- IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada contra el art.66.II de la Ley Nº 393.

2º.- La CONSTITUCIONALIDAD de los arts.66.I y 67 de la Ley Nº 393; y,

3º.- La CONSTITUCIONALIDAD de los arts.1 en la frase “... y determinar los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera”; 4, Disposición Adicional Segunda y Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Supremo Nº 1842.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-L-N393] Bolivia: Ley de Servicios Financieros, 21 de agosto de 2013

21 DE AGOSTO DE 2013.- LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS

[BO-DS-N1842] Bolivia: Decreto Supremo Nº 1842, 18 de diciembre de 2013

Establece el régimen de tasas de interés activas para el financiamiento destinado a vivienda de interés social y determinar los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social.

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