Artículo 1°.- Toda persona que habiendo infringido disposiciones legales en vigencia hubiera sido sancionada pecuniariamente con una suma mayor a veinte pesos bolivianos ($b. 20.-) por cualquier repartición o funcionario públicos deberá depositar el monto de aquella en el Banco Central de Bolivia a la orden de la Administración de la Renta o del Tesoro Municipal, según sea el caso.

Artículo 2°.- En la papeleta de depósito se especificará la repartición pública que sanciona, a los fines contables.

Artículo 3°.- En aquellas poblaciones donde no exista Agencia del Banco Central de Bolivia, se otorgará precisamente un recibo numerado y visado por la Contraloría General de la República o sus dependencias con el valor equivalente al de la multa impuesta, y que será vendido por las Colecturías de la Renta.

Artículo 4°.- Las multas inferiores a la suma de $b. 20.- se pagarán precisamente contra entrega del recibo valorado respectivo.

Artículo 5°.- La omisión en el cumplimiento de la presente ley constituye delito público, tanto respecto del funcionario que recibe directamente el monto de la sanción en circulante, cuando del ciudadano que paga, y la pena será de reclusión de uno o dos años, regulable según la cuantía de la multa.

Artículo 6°.- Quedan derogadas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

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