Artículo 1°.- Ningún funcionario público y en especial los Notarios y Registradores, deberán extender, autenticar, anotar ni inscribir, instrumentos traslativos de dominio, sucesión, permuta, hipoteca, anticresis, locación, y en general instrumentos que signifiquen transmisión de dominio, a título gratuito u oneroso, o restricción o gravámen de la propiedad inmueble, sino se acredita en debida forma, estar pagados al día los impuestos nacionales, departamentales y municipales correspondiente. No rige esta disposición tratándose de anotaciones provisionales o preventivas emanadas de mandato judicial

Artículo 2°.- Los Notarios, Registradores y demás funcionarios que infrinjan estas disposiciones, pagarán: por la primera falta una multa de cincuenta bolivianos; cien por la segunda y serán destituidos a la tercera falta comprobada.

Artículo 3°.- Los Visitadores de oficinas y Fiscales, están en la obligación de imponer y hacer efectivas esas multas, que se aplicarán al socorro de las cárceles, dando cuenta a la Prefectura y a la respectiva Corte; siendo responsables, en caso contrario, del pago de las multas mancomunadamente con el funcionario culpable. Serán también responsables, y quedarán sujetos a una multa de doscientos, si omitieren dar parte a la Corte Superior respectiva, llegado el caso, para los efectos de la destitución prevista por el artículo segundo.

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