Artículo 1°.- Se amplia el artículo 1° de la lei suplementaria de 20 de marzo de 1877, estendiendo la jurisdiccion de los alcaldes parroquiales, al conocimiento de los delitos sujetos a pena de arresto, aun cuando pase de dos meses.

Artículo 2°.- Las apelaciones de que habla el artículo 3° de la referida lei, se llevarán ante el juez instructor, quien las resolverá por sí solo, con intervencion fiscal, segun las formas prescritas por los artículo 158 y siguientes del procedimiento criminal.

Artículo 3°.- Las funciones de los tribunales de acusacion serán desempeñados por el juez de partido cuya capital esté mas próxima a la del asiento del juez que deba conocer en el plenario, siempre que pertenezca al mismo distrito. El juez de la acusacion será asistido de su respectivo fiscal, quien se limitará a dar su requerimiento escrito, quedando suprimidos el informe verbal y el acta de acusacion. En las capitales donde hubiese mas de dos jueces de partido, se turnarán mensualmente los que deben decretar la acusacion.

Artículo 4°.- Las sentencias de muerte, de presidio, de estrañamientro, de obras públicas, las de absolucion por falta de pruebas, o de la lei penal y los decretos de sobreseimiento que no fueren apelados, se elevarán a la córte en consulta dentro de los tres dias de vencido el plazo legal.

Artículo 5°.- Se derogan los artículos 7°, 8° y 9° de la referida lei de 20 de marzo de 1877, pudiendo el juez instructor, en casos precisos, comisionar a los alcaldes parroquiales para el verificativo de algunas dilijencias, excepto la recepcion de la declaracion indagatoria.

Ficha Técnica (DCMI)

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