CONSIDERANDO:

• Que el Parágrafo II del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado, establece que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; asimismo, el Parágrafo III determina que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
• Que el Artículo 60 del Texto Constitucional, señala que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia del personal especializado.
• Que el Articulo 79 de la Constitución Política del Estado, dispone que la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.
• Que el Artículo 106 de la Ley Nº 2026, de 27 de octubre de 1999, Código del Niño, Niña y Adolescente, señala que es deber de todos velar por la dignidad del niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante la autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de maltrato.
• Que el numeral 8 del Artículo 112 de la citada Ley, establece que el niño, niña y adolescente tiene derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar.
• Que el numeral 12 del Artículo 3 de la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, determina que la educación es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos.
• Que el inciso a) del Artículo 78 de la mencionada Ley, dispone que las Direcciones Departamentales de Educación - DDE, son entidades descentralizadas del Ministerio de Educación, responsables de la implementación de las políticas educativas y de administración curricular en el departamento, así como la administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, funciones y competencias establecidas en la normatividad.
• Que asimismo, la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley Nº 070, señala que los planes y programas intersectoriales y articuladores relacionados con educación, y que constituyan prioridades del Estado Plurinacional, deberán ser implementados por el Sistema Educativo Plurinacional a través de planes de acción conjunta y coordinada para su incorporación sistemática en los distintos componentes del Sistema. Constituyen prioridades: Educación sin violencia, educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en derechos de la Madre Tierra, educación contra el racismo, educación en valores y ética.
• Que el inciso q) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 0813, de 9 de marzo de 2011, señala que podrán establecerse mediante reglamentación específica, otras atribuciones de la Directora o Director Departamental de Educación.
• Que es necesario promover mecanismos para la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo.

Artículo 2°.- (Denuncia y seguimiento de la acción penal) Las y los Directores Departamentales de Educación y el Ministerio de Educación, tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta su conclusión, ante el Ministerio Público de su Jurisdicción o autoridad competente, en contra de directores, docentes o administrativos del Sistema Educativo Plurinacional, que hubiesen sido sindicados de la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y/o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes.

Artículo 3°.- (Medidas de seguridad y protección)

1. La o el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y/o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor.
2. Producida la imputación formal por parte del representante del Ministerio Público, la o el Director Departamental de Educación comunicará dicha imputación al Ministerio de Educación para que proceda a la suspensión del goce de haberes del imputado.
3. En caso de sobreseimiento emitido por Autoridad Competente o sentencia absolutoria, la o el director, docente o administrativo, será restituido en sus funciones con la reposición de la totalidad de sus haberes devengados.

Artículo 4°.- (Plan para una educación sin violencia)

1. El Ministerio de Educación desarrollará como mecanismo de prevención e intervención, un plan específico para enfrentar la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo.
2. El plan referido en el Parágrafo anterior contemplará, entre otras, las siguientes acciones:
   1. Capacitación y difusión de estrategias de prevención de toda forma de violencia, maltrato y abuso;
   2. Desarrollo de lineamientos curriculares con contenido de prevención de violencia, maltrato y abuso, para el Sistema Educativo Plurinacional;
   3. Establecer lineamientos para un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan;
   4. Promover la conformación de Comités de Promoción de la Convivencia Pacífica y Armónica.
      

      Disposiciones transitorias

Artículo transitorio Único.- El Ministerio de Educación aprobará el Plan para enfrentar la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo, en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

Disposiciones abrogatorias y derogatorias

Artículo abrogatorio Único.- Se abrogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-2026] Bolivia: Ley del Código del Niño, Niña y Adolescente, 14 de octubre de 1999

Ley del Código del Niño, Niña y Adolescente

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

[BO-L-N70] Bolivia: Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, 20 de diciembre de 2010

LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ”.

[BO-DS-N813] Bolivia: Decreto Supremo Nº 813, 9 de marzo de 2011

Reglamenta la estructura, composición y funciones de las Direcciones Departamentales de Educación - DDE’s, de la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”.

Referencias a esta norma

[BO-DS-N3819] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3819, 6 de marzo de 2019

06 DE MARZO DE 2019.- Autoriza al Ministerio de Educación el incremento de las subpartidas de Auditorías Externas, Consultorías por Producto y Consultores Individuales de Línea, para dar continuidad a sus actividades.

[BO-DS-N4399] Bolivia: Decreto Supremo Nº 4399, 26 de noviembre de 2020

Realiza modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo Nº 2145, de 14 de octubre de 2014, Reglamento a la Ley Nº 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, modificado por el Decreto Supremo N° 2610, de 25 de noviembre de 2015 y el Decreto Supremo Nº 4012, de 14 de agosto de 2019, para reforzar los mecanismos de prevención, atención y protección a mujeres en situación de violencia.

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