CONSIDERANDO:

• Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado consagra que toda persona tiene derecho al trabajo digno, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que el asegure para si y su familia una existencia digna, asimismo, en su Parágrafo II, señala que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.
• Que el Artículo 48 de la Constitución Política del Estado establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral y de no discriminación; disponiendo finalmente que los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
• Que el Artículo 4 de la Ley General del Trabajo establece la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, así como la nulidad de cualquier convención en contrario.
• Que los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo Nº 23570, de 26 de julio 1993 y los Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, determinan como características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, b) La prestación de trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas de manifestación. Asimismo, que toda persona natural que preste servicios intelectuales o materiales a otra, sea esta natural o jurídica, en cuya relación concurran las características señaladas, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y goza de todos los derechos reconocidos en ella, sea cual fuere el rubro o actividad que se realice, así como la forma expresa del contrato o de la contratación verbal si fuera el caso.
• Que el principio de Protección de las trabajadoras y los trabajadores, comprende el principio “in dubio pro operario” por el que en caso de dudas en la aplicación de las normas, se aplica la más favorable al trabajador; el principio de primacía de la realidad donde prevalecen los hechos; la realidad objetiva de la relación jurídica frente a lo acordado expresa o verbalmente por las partes, y el de no discriminación por el que ningún trabajador puede encontrarse en situación inferior o desfavorable respecto de otro u otros con responsabilidades y labores similares.
• Que pese a la naturaleza protectiva del Derecho Laboral y la legislación vigente, han proliferado las modalidades de subcontratación, tercerización y externalización como estrategias ilícitas empresariales para evadir relaciones típicamente laborales que requieren protección del Estado.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y el goce pleno de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores dependientes asalariados de las empresas, sea cual fuere la modalidad de éstas.

Artículo 2°.- (Empresas subcontratadas)

1. Se presume la existencia de relación de dependencia laboral entre la empresa subcontratada y las o los dependientes directos de ésta.
2. Las prácticas empresariales que tiendan a evadir relaciones típicamente laborales a través de modalidades de subcontratación u otras similares, que vulneren las disposiciones laborales vigentes, se sujetarán a las sanciones correspondientes.

Artículo 3°.- (Sanciones) La constatación por la Inspectoría del Trabajo de las prácticas señaladas en el Artículo precedente, en forma fundamentada y con respaldo probatorio, constituirá prueba preconstituida sobre la que se iniciará demanda por Infracción a Leyes Sociales en Vigencia, debiendo solicitarse al Juez de Trabajo y Seguridad Social, la imposición de la multa respectiva conjuntamente con el pago de los derechos laborales de las y los trabajadores asalariados perjudicados con retroactividad a la fecha de su contratación original.

Artículo 4°.- (Cláusula obligatoria) Toda empresa que requiera contratar a otra, deberá incluir en el contrato de prestación de servicios, adquisición de bienes u otros, una cláusula que establezca que la empresa subcontratada, dará cumplimiento a las obligaciones sociolaborales, respecto de sus trabajadoras y trabajadores.

Disposiciones abrogatorias y derogatorias

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-19390524] Bolivia: Ley General del Trabajo, 24 de mayo de 1939

Ley General del Trabajo.-- Pónese en vigencia a partir de la fecha.

[BO-DS-23570] Bolivia: Decreto Supremo Nº 23570, 26 de julio de 1993

Se hallan dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo y sus disposiciones complementarias los Deportistas Profesionales, en cualquier rama del Deporte.

[BO-DS-28699] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28699, 1 de mayo de 2006

DISPOSICION REGLAMENTARIA A LA LEY GENERAL DEL TRABAJO (DECRETO SUPREMO 21060 ART. 55).

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

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