Artículo 1°.- El funcionario judicial, o Administrativo, que, en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia, administrando justicia, retarde o incumpliere los términos en los cuales les corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las Leyes Procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella, será sancionado con la pena de 2 a 5 años de privación de libertad.

Artículo 2°.- La denuncia o querella sobre retardación de Justicia con los medios probatorios del caso, será objeto de requerimiento inmediato por parte del representante del Ministerio Público par ala organización del proceso respectivo.

Ficha Técnica (DCMI)

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