CONSIDERANDO:

  • Que el Parágrafo II del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
  • Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado, determina que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que el asegure para sí y su familia una existencia digna.
  • Que el Convenio Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado el 23 de diciembre de 1976 y elevado a rango de Ley en fecha 11 de septiembre de 2000 mediante Ley Nº 2120, establece que el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.
  • Que el Convenio Nº 111 de la OIT determina que todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor, se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.
  • Que el inciso e) del Artículo 1 de la Ley Nº 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, reconoce la igualdad de oportunidades sin discriminación de ninguna naturaleza.
  • Que el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de Mayo de 2006, ratifica como principio laboral la no discriminación, entendiéndose como la exclusión de diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable respecto a otros trabajadores, con los que mantengan responsabilidades o labores similares.
  • Que el Artículo 86 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, establece las atribuciones de la Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Asimismo, los Artículos 87 y 88 otorgan a los Viceministros de Trabajo y Previsión Social y de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, atribuciones referentes al acceso a la función pública y al trabajo, concordantes con los Artículos 55,56 y 57 del Decreto Supremo Nº 071, de 9 de abril de 2009, que amplían las competencias del Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social así como del Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, en el marco de la Ley Nº 2027.
  • Que es necesario evitar las prácticas discriminatorias en las convocatorias y/o procesos de contratación de personal tanto interno como externo, en estricta sujeción a la Constitución Política del Estado y Convenios Internacionales ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, que buscan el respeto a los Derechos Humanos.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) En el marco del derecho al trabajo digno sin discriminación consagrado en la Constitución Política del Estado, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho de toda persona a no ser afectada por actos de discriminación de ninguna naturaleza, en todo proceso de convocatoria y/o selección de personal, tanto interno como externo.

Artículo 2°.- (Ámbito de aplicación) El presente Decreto Supremo es de aplicación obligatoria en el sector público y privado en todos los procesos de contratación y/o convocatoria de personal, tanto interno como externo, en el marco de lo establecido en el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 3°.- (Convocatoria y contratación)

  1. En los procesos de contratación y/o convocatorias de personal, tanto interno como externo, que realizan las entidades públicas o privadas, no se admitirá discriminación ni parámetros que busquen descalificar a los postulantes, por razones de sexo, edad, creencia religiosa, género, raza, origen, ideología política, apariencia física, estado civil, personas que viven con el VIH SIDA y otros que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
  2. Queda terminantemente prohibida la publicación en medios de comunicación social, escrita y oral, radial, televisiva u otro medio de información masivo, de convocatorias que infrinjan lo dispuesto en el parágrafo anterior.

Artículo 4°.- (Procedimiento) Las personas afectadas por tratos discriminatorios deberán presentar su denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, bajo el siguiente procedimiento:

  1. Las personas afectadas por tratos discriminatorios en procesos de contratación y/o convocatoria de personal, tanto interno como externo, realizados por el sector público, además de los recursos de impugnación que presenten, podrán solicitar la revisión de dichos procesos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Servicio Civil.
  2. Para los procesos de contratación y/o convocatoria de personal, tanto interno como externo, que realicen empresas del sector privado, las personas afectadas por tratos discriminatorios, además de las impugnaciones que presenten, podrán solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la revisión de dichos procesos a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional.
  3. El proceso de revisión señalado en los numerales anteriores, consiste en el análisis técnico y legal que realiza el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sobre los documentos base de los procesos de contratación y/o convocatoria de personal, a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la normativa legal vigente.

Artículo 5°.- (Sanciones)

  1. El convocante o contratante que contravenga lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, será pasible a las sanciones dispuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
  2. Para el caso de procesos de contratación y/o convocatoria de personal, tanto interno como externo, en el sector público, una vez verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, requerirá a la Máxima Autoridad Ejecutiva la anulación de la convocatoria con la correspondiente solicitud de inicio de sumario administrativo a los responsables del proceso de contratación.
  3. Para el caso de procesos de contratación y/o convocatoria de personal, tanto interno como externo, en el sector privado, una vez verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, requerirá al empleador o al representante legal de la empresa la nulidad del proceso de contratación sin perjuicio de la sanción correspondiente por infracción a leyes sociales.

Artículo 6°.- (Reglamentación) El presente Decreto Supremo será Reglamentado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante Resolución Ministerial, en el plazo de sesenta (60) días calendario a partir de su publicación.

Disposiciones abrogatorias y derogatorias


Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.


Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil nueve.
Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Nardy Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Héctor E. Arce Zaconeta, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luís Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Luís Alberto Echazú Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Callizaya, Jorge Ramiro Tapia Sainz, René Gonzalo Orellana Halkyer, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo Groux Canedo.

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Decreto Supremo Nº 213, 22 de julio de 2009
Fecha2016-04-02FormatoTextTipoDS
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioEstablece los mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho de toda persona a no ser afectada por actos de discriminación de ninguna naturaleza, en todo proceso de convocatoria y/o selección de personal, tanto interno como externo.
KeywordsGaceta 45NEC, 2009-07-23, Decreto Supremo, julio/2009
Origenhttp://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/27613
ReferenciasGaceta 45NEC,2009-07-23, ncpe.lexml
CreadorFdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Nardy Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Héctor E. Arce Zaconeta, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luís Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Luís Alberto Echazú Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Callizaya, Jorge Ramiro Tapia Sainz, René Gonzalo Orellana Halkyer, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo Groux Canedo.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-2027] Bolivia: Ley del Estatuto del Funcionario Público, 22 de octubre de 1999
Ley del Estatuto del Funcionario Público
[BO-L-2120] Bolivia: Ley Nº 2120, 11 de septiembre de 2000
Ley que Eleva a rango de Ley y Aprueba Convenios Convenios Internacionales del Trabajo
[BO-DS-28699] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28699, 1 de mayo de 2006
DISPOSICION REGLAMENTARIA A LA LEY GENERAL DEL TRABAJO (DECRETO SUPREMO 21060 ART. 55).
[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009
Constitución Política del Estado de 2009
[BO-DS-29894] Bolivia: Estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, DS Nº 29894, 7 de febrero de 2009
Estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional
[BO-DS-N71] Bolivia: Decreto Supremo Nº 71, 9 de abril de 2009
Crea las Autoridades de Fiscalización y Control Social en los sectores regulados que indica y determina su estructura organizativa; define competencias y atribuciones

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