CONSIDERANDO:

• Que la nueva política económica del país, puesta en vigencia mediante Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, establece el principio de libre comercialización interna y externa de minerales y metales;
• Que es necesario reglamentar la actividad de las personas individuales o colectivas que sin ser concesionarios mineros se dedican al rescate, comercialización interna y exportación de minerales, así como la de aquellos mineros que comercien con producción ajena a su concesión.
• Que los organismos del Estado rectores de la política minera requieren contar, en el marco de la amplia libertad de comercio vigente, con datos estadísticos de las actividades de comercialización de minerales y metales, así como verificar y precautelar el cumplimiento de retenciones establecidas por ley en favor del Estado y otras entidades beneficiarias.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- Se instituye el Registro Nacional de Comercializadores de Minerales y Metales, dependiente del Minsterio de Minería y Metalurgia, con la finalidad de llevar un contról estadístico de las actividades de comercialización interna y exportación de minerales y metales, así como verificar y precautelar el cumplimiento de las retenciones en favor del Estado y otras entidades beneficiarias, conforme a normas legales vigentes.

Artículo 2°.- Las personas individuales o colectivas que se dedican a las actividades de comercialización de minerales y metales, sin ser concesionarios mineros, deben tramitar su inscripción en el Registro Nacional de Comercializadores de Minerales y Metales, acreditando su personalidad jurídica, domicilio e inscripción en el Registro de Comercio y Registro Unico de Contribuyentes. Cumplidos estos requisitos el Ministerio de Mineria y Metalurgia dictará la resolución ministerial correspondiente, autorizando las actividades del comercializador. Los concesionarios mineros que comercien con minerales o metales, ajenos a sus concesiones, deben tramitar igual autorización.

Artículo 3°.- Los comercializadores de minerales y metales legalmente autorizados actuarán como agentes de retención de regalías y aportes a la seguridad social, Fondo Nacional de Vivienda e instituciones de la minería chica y cooperativizada.

Artículo 4°.- Son obligaciones de los comercializadores legalmente autorizados:

1. Exhibir los precios pizarra en lugar visible de su establecimiento.
2. Efectuar liquidaciones en forma clara y detallada, consignando todas las retenciones y deducciones realizadas.
3. Enviar informes mensuales al Ministerio de Minería y Metalurgia sobre el origen, volumen y valor de sus compras, destino, volumen y valor de ventas, retenciones efectuadas y cualquier información estadística adicional que pudiese ser requerida. Estos informes deben ser remitidos mensualmente hasta el 15 del mes siguiente, en formulario especial diseñado por el Ministerio de Minería y Metalurgia.

Artículo 5°.- En caso de incumplimiento de los artículos precedentes, los infractores se harán pasibles a la suspensión de sus actividades por el lapso de seis meses, la primera vez, y a la cancelación definitiva de su inscripción en caso de reincidencia.
Los infractores serán considerados, en ambas situaciones, deudores de plazo vencido de las regalías y aportes no descontados en favor del Estado, debiendo la Contraloría General de la República instaurarles la acción coactiva correspondiente.

Artículo 6°.- El robo y hurto de minerales, así como su explotación y tráfico clandestinos, constituyen delitos de acción pública sometidos a las normas comunes del Código Penal y su procedimiento.
Las denuncias por tales delitos serán presentadas a la Guardia de Seguridad Pública de la jurisdicción correspondiente, que ordenará el decomiso del mineral o metal y su consiguiente depósito en la Bodega del Banco Minero de Bolivia, previo pasaje, muestreo y determinación de la ley del mineral o metal.
Las diligencias de policía judicial deben ser concluidas en el plazo máximo de quince días, a cuyo vencimiento se remitirá antecedentes a conocimiento del Ministerio Público o Juez en lo penal para la acción respectiva.

Artículo 7°.- Cometen delito de tráfico clandestino de minerales:

1. Los concesionarios que comercien con minerales ajenos a sus concesiones, sin la autorización exigida en el artículo segundo del presente decreto supremo.
2. Las personas que no siendo concesionarios compran o venden minerales sin autorización legal.
3. Los productores mineros que vendan sus minerales a personas y entidades no autorizadas para su comercialización.

Artículo 8°.- El Ministerio de Minería y Metalurgia, a través de su departamento de . Comercio; el Ministerio de Finanzas, mediante la Dirección General de Aduanas, y las entidades beneficiarias de las retenciones, son los encargados de verificar, en lo que corresponda, al cumplimiento de las disposiciones expresadas en los artículos precedentes.

Artículo 9°.- Las empresas comercializadoras, constituidas bajo el régimen del Decreto Supremo Nº 5697 de 3 de febrero de 1961, deben adecuar sus actividades y funcionamiento a lo prescrito por el presente decreto, en el plazo de 60 días a partir de la fecha.

Artículo 10°.- Se abroga el Decreto Supremo Nº 5697 de 3 de febrero de 1961 y demás disposiciones legales contrarias al presente decreto.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Abrogada por

[BO-DS-23439] Bolivia: Decreto Supremo Nº 23439, 25 de marzo de 1993

Se crea el REGISTRO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES.

Véase también

[BO-DS-21060] Bolivia: Decreto Supremo Nº 21060, 29 de agosto de 1985

Nueva Política Económica

Referencias a esta norma

[BO-DS-22774] Bolivia: Decreto Supremo Nº 22774, 8 de abril de 1991

El plazo para el pago de las cotizaciones corrientes para el régimen de vivienda, será de un mes calendario para todos los sectores, excepto para el sector minero que será de dos meses. El indicado plazo se pierde al momento de constituirse los aportes en mora, a partir del primer día del subsiguiente mes al que deberían efectuar el pago.

[BO-DS-23439] Bolivia: Decreto Supremo Nº 23439, 25 de marzo de 1993

Se crea el REGISTRO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES.

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