CONSIDERANDO:

• Que el Decreto Supremo Nº 22144 de 2 de marzo de 1,989 dispone la preservación de las documentaciones públicas en general;
• Que las documentaciones públicas inactivas, definidas en el artículo 4 del citado decreto como una de las tres categorías de documentaciones públicas, han sufrido ya daños importantes o se encuentran en riesgo inminente de destrucción;
• Que la destrucción de las documentaciones públicas inactivas constituye para el país una grave pérdida de enormes recursos documentales, atento su gran valor potencial para la información e investigación científicas;
• Que es urgente expedir disposiciones legales concretas de alcance mediato e inmediato, a fin de precaver y detener la destrucción de las documentaciones públicas inactivas.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- Se declara de utilidad y necesidad nacionales las documentaciones inactivas, definidas en el artículo 2 el presente decreto, pertenecientes a la administración central, descentralizada, desconcentrada, local, judicial y universitaria, siéndoles aplicable el artículo 191 de la Constitución Política que pone la riqueza documental del país bajo la protección del Estado.

Artículo 2°.- Entiéndese por documentaciones públicas inactivas, a los efectos de este decreto supremo, aquéllas que siendo producto o efecto de la función, actividad y tramites específicos de cualesquier entidades públicas y habiendo estado en uso durante el lapso de su servicio activo, ingresan en receso y acaban retiradas en depósitos, dentro de las mismas oficinas de origen o fuera de ellas, en locales de su dependencia.

Artículo 3°.- Se prohibe en absoluto la destrucción, desecho o cualquier otro daño que cualesquier personas decidiesen o intentasen ocasionar, por cualquier medio, en las documentaciones públicas inactivas, sea que éstas permanezcan en las oficinas de origen o hayan sido retiradas a otras de sus dependencias.

Artículo 4°.- Son aplicables los artículos 223, 224, 357 y 358 incisos 3 y 4 del Código Penal, a los daños definidos en el artículo anterior.

Artículo 5°.- Se mantendrá en continuo conocimiento de todo el personal de cada entidad pública, el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, pertinente a las documentaciones públicas, así como los artículos 223, 224, 357 y 358 incisos 3 y 4 del Código Penal que sancionan a quienes les causan daños.
El jefe de cada entidad pública emitirá a ese fin una disposición expresa, transcribiendo completamente los citados artículos, con la motivación del caso, disposición que se imprimirá en hoja de tamaño adecuado para su perfecta visión, bajo el título “En defensa de las documentaciones públicas”, debiendo colocársela en el lugar o lugares más visibles del local o dependencias de la entidad, en un marco con vidrio de protección.

Artículo 6°.- Cada entidad determinará, mediante otra resolución expresa, las medidas complementarias de emergencia y más adecuadas para la seguridad, preservación y buen orden de su documentación inactiva, disposiciones que deben publicarse necesariamente en los órganos de comunicación escrita.

Artículo 7°.- Se incluirá necesariamente entre las medidas indicadas en el artículo anterior, las siguientes:

1. Habilitación inmediata por cada entidad de un depósito en una dependencia adecuada, dotado de las condiciones necesarias de espacio, equipo y seguridad contra todo riesgo, donde se trasladará toda la documentación inactiva de la entidad, desde todos los otros depósitos en que se halle actualmente y donde se la conservará en el mejor orden posible, como cuando la documentación estaba en uso activo, hasta que sea provisto el Repositorio intermedio nacional que prevé el Decreto Supremo Nº 22146 de 2 de marzo de 1,989.
2. Nominación del personal de la entidad encargado de ejecutar permanentemente las medidas acordadas para el buen mantenimiento de la documentación inactiva;
3. Asignación de los recursos económicos necesarios.

Artículo 8°.- Toda persona está facultada y tiene el deber de denunciar cualquier daño registrado en las documentaciones inactivas de la entidad pública que fuese, ocasionado en contravención de las disposiciones del presente decreto supremo.

Artículo 9°.- El Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República enviará a cada ministerio cabeza de sector de las entidades públicas comprendidas en el artículo 1 del presente decreto, un ejemplar legalizado de su tenor, recomendado expresamente su estricta ejecución, a fin que cada ministerio adopte, a su vez, las disposiciones más eficaces para el correcto cumplimiento de los artículos 5 y 6 de este decreto por todas las entidades e instituciones de su sector.

Artículo 10°.- Se deroga las disposiciones legales contrarias a este decreto.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-COD-L1768] Bolivia: Código Penal, 23 de agosto de 1972

Código Penal

[BO-DS-22146] Bolivia: Decreto Supremo Nº 22146, 2 de marzo de 1989

Se encarga al Banco Central de Bolivia la gestión conducente al establecimiento de un repositorio especial donde se preserve y evalúe la destinación final de las documentaciones inactivas de las administraciones central y descentralizada

[BO-DS-22144] Bolivia: Decreto Supremo Nº 22144, 2 de marzo de 1989

Se declara de máxima utilidad y necesidad nacionales todas las documentaciones públicas, según definición del artículo 3 de este decreto, por constituir bienes y recursos del país indispensables para la administración pública, la información e investigación científica, promoción de la conciencia cívica y el desarrollo nacional.

[BO-DS-22145] Bolivia: Decreto Supremo Nº 22145, 11 de julio de 1989

Se declara de utilidad y necesidad nacionales las documentaciones inactivas, definidas en el artículo 2 del presente decreto, pertenecientes a la administración central, descentralizada, desconcentrada, local, judicial y universitaria, siéndoles aplicable el artículo 191 de la Constitución Política que ponde la riqueza documental del país bajo la protección del Estado.

Referencias a esta norma

[BO-DS-22396] Bolivia: Decreto Supremo Nº 22396, 16 de diciembre de 1989

Se declara de utilidad y necesidad nacional las documentaciones privadas definidas en el artículo 2 del presente decreto, por constituir recursos altamente valiosos para la información y la investigación científica, la promoción de la ciencia cívica y el desarrollo nacional

[BO-RE-DS23934] Bolivia: Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y de Comunicación de los Ministerios, 23 de diciembre de 1994

Reglamento común de procedimientos administrativos y de comunicación de los ministerios (RCP)

[BO-DS-25046] Bolivia: Decreto Supremo Nº 25046, 21 de mayo de 1998

Créase un archivo intermedio del Poder Ejecutivo con el nombre REPOSITORIO INTERMEDIO DEL PODER EJECUTIVO bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia.

[BO-DS-26832] Bolivia: Decreto Supremo Nº 26832, 6 de noviembre de 2002

Establecer los Archivos Presidenciales, para el resguardo de la documentación producida y recepcionada por cada Presidente de la República.

[BO-DS-27490] Bolivia: Decreto Supremo Nº 27490, 14 de mayo de 2004

Crear el Archivo Histórico de la Minería Nacional, sobre la base de la antigua documentación histórica de las ex - empresas mineras de Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos V. Aramayo y, de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, fundada el 6 /10/ 1952.

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