CONSIDERANDO:

• Que el numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina como fin y función esencial del Estado garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección de las personas.
• Que el Parágrafo I del Artículo 15 del Texto Constitucional, establece como derecho fundamental de toda persona el derecho a la vida y a la integridad física.
• Que el numeral 4 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, dispone como derecho fundamental la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.
• Que el numeral 1 del Artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
• Que el numeral 1 del Artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, determina que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
• Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley Nº 1430, de 11 de febrero de 1993, dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
• Que el Artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar prevista por ley.
• Que el numeral 2 del Artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que el derecho de libre asociación está sujeto a restricciones previstas por la Ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
• Que el Artículo 211 del Código Penal, dispone que será sancionado el que con el fin de crear un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes ajenos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, así como instrumentos y materiales destinados a su composición o elaboración, con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años.
• Que es deber del Estado, garantizar la seguridad común para la vida, la integridad corporal, la propiedad pública y privada, por lo que es necesario contar con una disposición normativa que prevenga y sancione la tenencia y el uso de explosivos, artefactos y otros no autorizados.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto prohibir la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados, en manifestaciones y movilizaciones sociales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada.

Artículo 2°.- (Prohibición)

1. Se prohíbe la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados, en manifestaciones y movilizaciones sociales, así como en toda actividad que no sea industrial, minera, petrolera, de construcción u otras con fines laborales o productivos, por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada.
2. El incumplimiento a la prohibición establecida dará lugar a responsabilidad penal, debiendo la Policía Boliviana proceder a la aprehensión de las personas responsables de acuerdo al Procedimiento Penal.

Artículo 3°.- (Prevención) La tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados, en manifestaciones y movilizaciones sociales, conforme el objeto del presente Decreto Supremo dará lugar a su inmediato decomiso por la Policía Boliviana.

Artículo 4°.- (Movilización social pacífica)

1. El ejercicio del derecho a la movilización pacífica queda plenamente garantizado.
2. Las y los participantes en movilizaciones deberán adoptar las medidas necesarias para evitar causar daños a terceros o a la propiedad pública o privada.
3. Las y los participantes en movilizaciones sociales que causen daños a terceros o al patrimonio público o privado responderán civil y penalmente por sus actos de acuerdo a Ley.

Ficha Técnica (DCMI)

Enlaces con otros documentos

Abrogada por

[BO-DS-N2754] Bolivia: Decreto Supremo Nº 2754, 1 de mayo de 2016

01 DE MAYO DE 2016.- Abroga el Decreto Supremo Nº 1359, de 26 de septiembre de 2012 .

Véase también

[BO-L-1430] Bolivia: Ley Nº 1430, 11 de febrero de 1993

Convención americana sobre derechos humanos. Pacto de San José de Costa Rica). Se aprueba y ratifica la suscrita en San José el 22 de noviembre de 1969

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009

Constitución Política del Estado de 2009

Referencias a esta norma

[BO-DS-N2754] Bolivia: Decreto Supremo Nº 2754, 1 de mayo de 2016

01 DE MAYO DE 2016.- Abroga el Decreto Supremo Nº 1359, de 26 de septiembre de 2012 .

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